El megapuerto de Chancay, situado en la costa central de Perú, se ha posicionado como un foco de controversia y especulación. Desde su concepción, este puerto ha sido visto como una pieza clave en la creciente relación comercial entre Asia y América Latina, pero no se ha librado de las inquietudes sobre su posible uso como una "base militar" para China.

A pesar de que el gobierno peruano ha desmentido categóricamente estas acusaciones, el embajador chino en Perú, Song Yang, ha llamado la atención sobre su "efecto gatillador". Este término se refiere a la capacidad del puerto para redefinir y mejorar la infraestructura logística y comercial de la región. Pero, ¿qué significa realmente este "efecto gatillador" para el futuro económico de Perú y América Latina?

El temor a que Chancay se convierta en un "enclave militar" está alimentado por un creciente escepticismo hacia el incremento de la inversión china en infraestructura en la región, especialmente por parte de sectores en Estados Unidos que ven un peligro en esta expansión. Sin embargo, miembros del gobierno peruano, como el ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, han reasegurado que el puerto es de uso público y regulado por la legislación peruana. No será un punto de control militar, y cualquier entrada de fuerzas extranjeras deberá ser aprobada por el Congreso peruano.

Chancay no solo representa una oportunidad comercial, sino también un catalizador para la creación de un corredor terrestre-marítimo que conectará Asia con América Latina, facilitando el comercio e impulsando la economía local con la creación de miles de empleos. Este megapuerto, con una inversión de 4,500 millones de dólares, no solo promete incrementar el comercio bilateral, que alcanzó los 43,360 millones de dólares en 2024, sino también mejorar el acceso de pequeñas y medianas empresas peruanas a los mercados asiáticos.

Sin embargo, el megapuerto de Chancay enfrenta desafíos significativos en un mercado global competitivo. Para tener éxito, deberá operar con eficiencia, transparencias y responsabilidad. Este proyecto puede servir como modelo para otros puertos en América Latina que buscan modernizar su infraestructura.

Además, se habla de la implementación de Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP), que buscan atraer inversiones y fomentar la innovación en la región. Esta es una respuesta directa a la necesidad de generar nuevos empleos y asegurar un crecimiento económico sostenible. No obstante, el puerto de Chancay también está envuelto en un debate más amplio sobre hasta qué punto Perú debe aceptar inversiones extranjeras, especialmente provenientes de China, sin comprometer su soberanía.

El dilema se hace evidente: ¿cómo equilibrar los beneficios de la inversión extranjera y la necesidad de proteger la autonomía nacional? Este dilema se manifiesta no solo en el contexto del megapuerto de Chancay, sino en muchas otras iniciativas en la región.

A pesar de las preocupaciones, Perú y China continúan avanzando con el proyecto, resaltando los beneficios económicos que aportará. El gobierno peruano ha puesto énfasis en asegurar que el desarrollo del puerto esté en conformidad con las leyes nacionales y bajo la supervisión de las autoridades competentes. Sin duda, el futuro del megapuerto de Chancay podría definir el rumbo de la relación comercial entre estas dos naciones en los próximos años.