El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha puesto en marcha una controvertida estrategia al recibir deportados de Venezuela enviados por el expresidente Donald Trump. Los venezolanos que llegan a su país son llevados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), donde se enfrentarán a condenas de al menos un año, o durante el tiempo que el gobierno estadounidense esté dispuesto a pagar por ellos.

A su llegada, estos hombres son sometidos a un proceso que incluye ser esposados y vigilados cuidadosamente por fuerzas armadas. En el Cecot, les rapan el cabello y la barba, y les proporcionan un uniforme que recuerda a un pijama blanco. Posteriormente, son encarcelados, tal como se ha visto con otros individuos considerados miembros de pandillas.

Pero, ¿qué beneficios obtiene Bukele al aceptar estos deportados? En un comunicado a través de su red social X, el presidente destacó que Estados Unidos "pagaría una tarifa considerablemente baja por ellos, pero alta para nosotros". Se estima que esta cantidad puede alcanzar los 20.000 dólares por cada reo, lo que significa que con los 261 deportados de la primera ola, Bukele habría recibido alrededor de 6 millones de dólares.

Esta colaboración ha fortalecido la alianza entre Bukele y Trump, colocándolo en una posición privilegiada en la agenda de seguridad regional. Según el investigador Cristopher Sabatini de Chatham House, Bukele ha sido celebrado como el "hijo favorito" de Trump en América Latina, un hecho respaldado por las declaraciones de funcionarios estadounidenses que han elogiado su enfoque en seguridad.

Sin embargo, esta alianza va más allá de los halagos. Expertos han señalado que Bukele se ha ganado el silencio del gobierno estadounidense respecto a sus polémicas políticas de seguridad, que incluyen un estado de excepción que parece haberse convertido en norma. Benjamin Gedan del Wilson Center subrayó que será difícil que existan críticas sobre el modelo de Bukele desde los EE. UU., especialmente en comparación con la administración Biden, que priorizaba los derechos humanos.

Juanita Goebertus de Human Rights Watch apuntó que esto forma parte de una nueva configuración geopolítica en América Latina, caracterizada por gobiernos de derecha que restringen las libertades y adoptan posturas autoritarias.

Pese a la atención mediática, la falta de transparencia persiste, ya que ni EE. UU. ni El Salvador han listado las identidades de los deportados ni han brindado pruebas concluyentes de que sean criminales. Existen temores de que entre ellos se encuentren personas inocentes, similar al tratamiento de otros casos de deportaciones, como las ocurridas en Guantánamo.

Además, según un reportaje de NBC, un número significativo de los arrestados por el ICE en febrero no tenía antecedentes penales ni cargos pendientes. Curiosamente, muchos entre los deportados venezolanos podrían formar parte de una estrategia más amplia de Bukele al desviar la atención sobre otros grupos criminales, como la controversia relacionada con la Mara Salvatrucha.

Juan Pappier de Human Rights Watch sugirió que mientras se llevan a cabo estas deportaciones, es posible que algunos líderes de la MS13 sean silenciados, evitando que testifiquen sobre los acuerdos que tendrían con el gobierno de Bukele. Esta compleja red de intereses y relaciones plantea serias preguntas sobre el futuro de la seguridad y los derechos humanos en El Salvador.