En un giro inesperado de los acontecimientos, Karol Cariola, diputada del Partido Comunista (PC) y presidenta de la Cámara de Diputados, ha decidido terminar su contrato de arrendamiento con Hong Chen, un empresario chino, en medio de una investigación por presunto tráfico de influencias. La noticia surge tras el rechazo de una moción de censura en su contra, que ha mantenido a la parlamentaria en el centro de la polémica.

La investigación liderada por el fiscal Patricio Cooper ha revelado posibles conexiones entre Cariola y empresarios de origen asiático, intensificando las especulaciones sobre su desempeño como legisladora. El allanamiento a su domicilio en Providencia expuso la relación que tenía con el empresario Chen, quien adquirió el departamento donde vive Cariola en 2017 por más de 300 millones de pesos y se lo arrendaba.

Aunque desde el entorno de la diputada se argumenta que el contacto para el arrendamiento se realizó a través de una corredora de propiedades y que ella desconocía la identidad del propietario, muchos consideran que la situación es demasiado coincidente. La defensa de Cariola alega que nunca existió un acuerdo inapropiado y que el departamento era simplemente un alquiler a precio de mercado.

Sin embargo, el abogado de Cariola, Juan Carlos Manríquez, ha confirmado que la diputada planea mudarse a la región de Valparaíso a finales de marzo, dejando atrás su departamento en Santiago. La razón, según Manríquez, es su situación de maternidad y su deseo de estar cerca de su pareja, el también diputado Tomás de Rementería.

El contexto en el que se dio el allanamiento ha generado empatía de algunos de sus colegas parlamentarios, especialmente porque ocurrió cuando Cariola estaba dando a luz a su hijo. No obstante, otras voces críticas insisten en que debe proporcionar explicaciones sobre sus relaciones con empresarios chinos, sugiriendo que esto puede comprometer su integridad y la de la Cámara de Diputados.

"La diputada tiene que aclarar sus vínculos con estos empresarios. No podemos descartar la posibilidad de tráfico de influencias", afirma Eduardo Durán, diputado de Renovación Nacional (RN). Además, Luis Cantellano, abogado de otro diputado del RN, sostiene que los detalles del arrendamiento son indicativos de una conducta poco prudente por parte de Cariola, considerando su posición de poder.

Las sospechas han llevado a llamados a que la Fiscalía investigue a fondo la naturaleza del contrato de arrendamiento y las condiciones asociadas. Las dudas persisten sobre si hubo un pago de favores o si la diputada ha actuado con transparencia en sus funciones.

El próximo capítulo de este escándalo se desarrollará en la primera audiencia programada para el 13 de marzo en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago. En esta ocasión, tanto el fiscal como la defensa presentarán sus argumentos sobre la legalidad del allanamiento. Manríquez sostiene que la evidencia presentada por la Fiscalía es errónea y desconectada de la realidad, asegurando que no hubo irregularidades en las acciones de su cliente.

A medida que la situación se desenvuelve, la opinión pública y los medios de comunicación continúan escrutando cada detalle, lo que subraya la importancia de la transparencia en el ámbito político y la necesidad de mantener la confianza ciudadana.