El Gobierno italiano ha tomado medidas drásticas contra la violencia en los hospitales, al aprobar un nuevo decreto-ley que endurece las penas para quienes agredan a médicos y enfermeros. Esta medida surge en respuesta al alarmante aumento de incidentes violentos en torno a la atención sanitaria, lo que ha llevado a muchos a clamar por intervención militar en los centros de salud.

El nuevo marco legal incrementa las penas de cárcel hasta 5 años, además de imponer arresto obligatorio en casos de “delito flagrante”. El Ministro de Justicia, Carlo Nordio, señaló en rueda de prensa que estas acciones buscan establecer un entorno más seguro para el personal médico, quien trabaja incansablemente en condiciones a menudo difíciles.

Además, se implementarán multas que pueden alcanzar los 10.000 euros para aquellos que lleven a cabo actos de violencia o causen daños al mobiliario y a las instalaciones de los hospitales. Esto es una medida necesaria, dado que se ha reportado que las agresiones al personal sanitario han alcanzado niveles alarmantes, considerándose la peor ola de ataques en la última década.

Durante la reunión del Consejo de Ministros, también se acordó la instalación de cámaras de seguridad en los centros de salud para prevenir y documentar estos actos de violencia. Nordio enfatizó que “es intolerable que quienes se entregan con dedicación en clínicas y urgencias sean víctimas de agresiones”, justificando así la necesidad de estas medidas.

La situación ha escalado a tal punto que varias organizaciones de profesionales de la salud han expresado su preocupación sobre la seguridad en hospitales de todo el país. Testimonios de personal médico revelan un clima de miedo y ansiedad, creando un ambiente que no solo afecta su bienestar, sino también la calidad del servicio que brindan a los pacientes.

El nuevo decreto-ley no solo se centra en castigar a los agresores, sino que también busca generar una cultura de respeto hacia los trabajadores de la salud, cruciales en momentos de crisis. La implementación de estas políticas podría ser un gran paso adelante para garantizar que los profesionales de la salud puedan realizar su trabajo sin temor a represalias.