En un giro sorprendente de los acontecimientos, la Sala Penal de la Corte Suprema de Chile ha rechazado la extradición de Pablo Muñoz Hoffman, un exfrentista del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR). Muñoz fue detenido en Bolivia el 6 de enero luego de haber estado prófugo por 28 años, un fugitivo que logró evadir la justicia durante décadas.

Muñoz fue una de las figuras clave en la espectacular fuga de la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago el 30 de diciembre de 1996, donde junto a otros tres miembros del FPMR escaparon en un canasto suspendido de un helicóptero, un hecho que capturó la atención de la nación y que sigue siendo recordado en la historia criminal de Chile.

Según un informe de la Policía de Investigaciones, su detención fue llevada a cabo por las autoridades bolivianas gracias a una Notificación Roja emitida por Interpol Santiago, así como dos órdenes de detención pendientes debido a infracciones graves que incluyen el uso de armas, secuestro y su fuga del país.

A pesar de que las autoridades bolivianas estaban listas para expulsarlo, lo liberaron al día siguiente, alegando que no habían recibido un pedido formal de extradición desde Chile.

En respuesta a esta situación, el Poder Judicial chileno decidió iniciar el proceso de extradición, pero un informe elaborado por el fiscal Jorge Pizarro concluyó que no era recomendable solicitarla. La Corte Suprema, tomando en cuenta esta recomendación, determinó que “no es procedente solicitar al gobierno boliviano la extradición de Pablo Alberto Muñoz Hoffman por su responsabilidad en los delitos de robo con intimidación y robo con violencia.”

El fallo se basa en la prescripción de los delitos imputados, ya que, según el Código Penal chileno, tiene un plazo de prescripción de 10 años. Esto significa que los delitos por los que se le acusaba ya no pueden ser perseguidos legalmente debido al tiempo transcurrido desde la comisión de los actos delictivos. A lo largo de estos años, Muñoz ha permanecido en el extranjero, lo que ha incrementado el tiempo de prescripción de su caso.

La Corte subrayó que desde la disolución de la persecución judicial en 1997, ya han pasado 28 años, superando con creces el tiempo legal estipulado para la prescripción de la acción penal. Este caso ha reavivado los debates sobre la eficacia del sistema judicial chileno y la manera en que se manejan los casos de fugitivos de larga data.

El contexto social y político actual, junto con este fallo, plantea preguntas sobre la capacidad del Estado para llevar a la justicia a los responsables de crímenes de gran índole, incluso cuando las evidencias y las circunstancias parecen iniciativas claras en contra de ellos. Sin duda, el rechazo de la extradición de Muñoz Hoffman cerrará un capítulo en su historia, pero abrirá otros referentes al análisis del pasado y del presente de la justicia en Chile.