La Corte Suprema ha tomado una decisión impactante al rechazar la solicitud de remoción contra la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Consuelo Contreras, y el consejero Francisco Ugás. Esta decisión se produce después de que parlamentarios de oposición intentaran cuestionar la gestión de estos funcionarios, lo que ha desatado un intenso debate político.

La controversia se originó tras un informe presentado en la Cámara de Diputados, en el que se argumentó que el INDH había incurrido en negligencia al presentar una querella por tráfico de influencias en el now infame caso de la "Operación Topógrafo", una investigación que involucra al exjuez de la Corte de Apelaciones, Juan Antonio Poblete, y su relación hacia el alcalde electo de Santiago, Mario Desbordes.

La querella, sin embargo, fue declarada inadmisible por el sistema judicial. Esto llevó a que los opositores cuestionaran la capacidad del INDH para actuar en este asunto, exigiendo la remoción de sus altos funcionarios. Sin embargo, la decisión del tribunal fue clara: no hubo lugar para la remoción, lo que podría indicar un respaldo al trabajo del INDH en la defensa de los derechos humanos.

Durante la sesión, el abogado Roberto Welsch, en representación de la oposición, argumentó que el INDH carecía de la competencia necesaria para presentar dicha querella. Pero en la contraparte, el abogado Gabriel Osorio, defensor de Contreras, defendió la legalidad de la actuación del organismo, señalando que la ley permite la interposición de querellas sin un marco estrictamente definido.

Osorio también destacó que la decisión del tribunal es colectiva y que no se puede responsabilizar a individuos sin una justificación clara. Tras casi dos horas de alegatos y debates intensos, el pleno de la Corte Suprema votó a favor de los consejeros del INDH, cerrando la puerta a cualquier posible apelación.

Esta decisión no solo deja a los funcionarios del INDH en sus puestos, sino que también sienta un precedente importante sobre la autonomía de la institución en el ámbito de la protección de derechos fundamentales. Osorio expresó su satisfacción, afirmando que esto reafirma el rol del INDH en la sociedad y su capacidad para defender los derechos humanos, independientemente de las críticas que pueda recibir.

La decisión de la Corte Suprema genera un amplio espectro de reacciones en la opinión pública y política, con muchos sosteniendo que el fallo es un indicativo del respeto por las instituciones y su independentia frente a presiones externas. Se vislumbra un futuro incierto para aquellos que intenten socavar la labor del INDH, mientras que la importancia de la protección de los derechos humanos sigue en el centro de la agenda nacional.