El ambicioso plan del gobierno chileno, que busca instalar 175,000 paneles solares en un período de tres años, ha generado un intenso debate entre las empresas del sector de energía solar. La iniciativa es vista como fundamental para potenciar la autogeneración eléctrica y fomentar el uso de energías renovables en un país donde la radiación solar es abundante. Sin embargo, la propuesta también plantea desafíos significativos relacionados con la capacidad actual de la industria y la competencia en el mercado.

A pesar del increíble potencial solar que tiene Chile, el país cuenta hasta ahora con poco más de 270 MW de paneles solares instalados en residencias, una cifra que parece irrisoria frente a los objetivos del gobierno. Según datos de la Asociación de Energías Renovables y Almacenamiento (Acera), en agosto de 2024, había 25,186 instalaciones de net billing, que son aquellas vinculadas al autoconsumo residencial. Con el objetivo de instalar 100,000 paneles en el primer año, se requiere un esfuerzo monumental por parte de la industria.

José Luis Opazo, CEO de Ciudad Luz, expresa preocupaciones acerca de la capacidad del sector para acometer esta demanda. Si bien sostiene que la industria tiene las capacidades técnicas necesarias, resalta que es crucial ampliar la oferta a proyectos de mayor escala, que incluyan segmentos comerciales como los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD).

"Instalar 100,000 proyectos residenciales al año significaría un aumento considerable en la capacidad instalada, que debe ser respaldada por un ecosistema adecuado de incentivos y financiamiento". Opazo menciona que ha existido un aumento de más de 10 veces en la demanda por información y cotizaciones en los últimos meses, lo que muestra un interés creciente por parte del sector privado en la energía distribuida.

En el ámbito laboral, se estima que este proyecto podría generar entre 10,000 y 20,000 empleos anuales, lo que sería un impulso significativo para la economía. Sin embargo, hay voces que alertan sobre la necesidad de un diseño cuidadoso de las políticas públicas. Los expertos sugieren que el Estado debe crear mecanismos que garanticen la inversión privada, así como promover incentivos fiscales y normas claras para el sector.

Por su parte, Martín Benegas, de Terralink, argumenta que Chile posee las condiciones necesarias para llevar a cabo este ambicioso plan, tanto en términos de recursos naturales como de infraestructura. No obstante, enfatiza que la coordinación entre actores públicos y privados será clave para el éxito de la iniciativa, al igual que la instalación de sistemas que permitan la inyección de energía generada por los paneles a la red eléctrica.

Las empresas del rubro también han señalado la necesidad de un marco regulatorio claro que fomente la competitividad y evite la concentración del mercado. Benegas destaca cinco pilares que deberían ser considerados en la política: subvenciones segmentadas, transparencia en los fondos, capacitación de instaladores, exenciones fiscales para proyectos de eficiencia energética y un sistema de monitoreo continuo.

Claudio Silva, de Evol Solar, advierte que si bien existe capacidad técnica, el desafío es monumental, dado que se requeriría casi duplicar la capacidad ya instalada el primer año bajo la nueva ley. Este plan no solo implica desafíos logísticos y económicos, sino que también presenta la oportunidad de transformar el sector energético chileno hacia un futuro más sostenible.

Por lo tanto, la implementación de este plan es vista como un cambio de juego no solo para la industria solar, sino para la economía chilena en su conjunto. Las empresas del sector están a la expectativa de cómo se desarrollará esta iniciativa y de qué manera podrán beneficiarse y contribuir a una transición energética que promete no solo reducir la dependencia de combustibles fósiles, sino también mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.