En un escandaloso acto de despojo, las autoridades de la Procuraduría General de la República, acompañadas por agentes de la Policía, han obligado a cerca de 50 familias a dejar sus hogares esta semana en el residencial El Carmen, con el propósito de aumentar el perímetro de seguridad alrededor del búnker donde reside el dictador Daniel Ortega junto a su familia en Managua. Esta información fue revelada por el diario La Prensa, de Nicaragua.

Otros medios de comunicación nicaragüenses, que operan desde el exilio, han corroborado esta alarmante noticia, afirmando que el operativo de desalojo comenzó el 20 de febrero y busca “limpiar” un área de 200 metros alrededor de la zona donde viven Ortega y sus hijos. Una fuente anónima que reside en el lugar, que prefirió no ser identificada, manifestó: “Mucha gente ya se fue, otras tienen sus cosas empacadas en cajas esperando la orden del desalojo. Esto es doloroso, ya que muchos no tienen adónde ir.”

Las familias han sido desalojadas sin recibir ningún tipo de indemnización. Además, el desalojo se ha realizado con camiones de la Alcaldía de Managua que se encargan de recoger las pertenencias de los habitantes desalojados. Los vecinos, temerosos de represalias, se mantienen en alerta, pues otros aún no han recibido aviso, pero están conscientes de la inminente amenaza.

Entre los afectados se encuentran incluso simpatizantes del régimen de Ortega, lo que pone de relieve la brutalidad del desalojo. La situación en la zona es crítica, ya que Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, habitan en un residencial fuertemente resguardado, con un muro de cinco metros de altura y una serie de torres de vigilancia y cámaras de seguridad.

Alrededor del búnker, se han establecido numerosos retenes policiales. De hecho, cualquier persona que desee ingresar a la zona, incluyendo quienes residían allí antes del desalojo, deben pasar por al menos 35 puntos de control en un radio de 500 metros. Este espacio, que Ortega considera su “hábitat vital”, alberga aproximadamente 350 viviendas, muchas de las cuales han sido adquiridas a través de la fuerza o desalojo.

La historia de Ortega en este barrio se remonta a 1979, cuando las fuerzas sandinistas derrocaron al dictador Anastasio Somoza Debayle. Ortega, tras regresar de Costa Rica, fue designado Comandante de la Revolución y ocupó viviendas confiscadas a personas de clase alta, muchas de ellas ligadas a Somoza. Un caso emblemático es el de Jaime Morales Carazo, de quien Ortega confiscó su casa y a quien, tiempo después, se le pagó una suma que aún se mantiene en secreto.

El búnker se ha transformado en la residencia de Ortega y su familia, así como en la sede del partido Frente Sandinista, lo que refleja el rechazo del dictador a los lugares de lujo, a pesar de que este espacio está repleto de opulencia y privilegios.

Desde las masivas manifestaciones de 2018, la situación para los vecinos de Ortega se ha vuelto insostenible, ya que deben justificar su presencia en la zona y enfrentarse a un control policial extremo. La precariedad de la situación les ha convertido en prisioneros en sus propios hogares.

Este desalojo y la creciente represión son símbolo de un régimen que ha abandonado la ética y la humanidad, dejándo a la población vulnerable frente a la arbitrariedad del poder.