Un grupo de senadores ha lanzado un proyecto de ley crucial que busca establecer normas y sanciones específicas para proteger a los estudiantes del área de salud durante sus prácticas clínicas. Esta iniciativa surge tras el alarmante reporte de que más del 98% de los estudiantes de Medicina han experimentado maltratos en su formación, lo que ha llevado a una serie de trágicos suicidios en los últimos meses.

Encabezada por la senadora Paulina Núñez (RN) y apoyada por figuras como Francisco Chahuán (RN), Yasna Provoste (DC), Juan Luis Castro (PS) y Gustavo Sanhueza (UDI), esta propuesta tiene como objetivo primordial regular las relaciones entre estudiantes, tutores y las instituciones de salud. Su enfoque es implementar medidas concretas que frenen los abusos, el maltrato y el acoso en los internados.

La situación se ha tornado crítica, ya que los familiares de los estudiantes que han tomado decisiones tan drásticas han denunciado graves vulneraciones de derechos en un entorno que debería ser formativo y seguro. Paulina Núñez destacó: “Es inaceptable que, en pleno siglo XXI, el 98,11% de los estudiantes de Medicina sigan reportando maltratos, que perjudican su rendimiento académico y su bienestar mental. Como sociedad, debemos actuar ahora para garantizar ambientes de aprendizaje seguros y libres de violencia.”

El proyecto establece sanciones severas, incluida la posible pérdida de acreditación universitaria para las instituciones educativas y, dependiendo de la gravedad de los abusos, sanciones para los profesionales de la salud involucrados.

Además, se plantea la creación de un Departamento de Campos Clínicos, que dependerá tanto del Ministerio de Salud como del Ministerio de Educación. Este organismo tendrá la responsabilidad de supervisar y regular las relaciones en los internados, así como investigar denuncias y aplicar sanciones administrativas, coordinando acciones con las Superintendencias correspondientes.

La importancia de este proyecto radica en que no solo protege a los estudiantes de abusos, sino que también promueve la equidad en el acceso a oportunidades formativas. Los parlamentarios consideran que este es un paso decisivo para garantizar un entorno seguro y respetuoso donde los futuros profesionales puedan crecer sin temor a convertirse en víctimas de maltrato.

Es un momento crucial para la educación de los futuros médicos y un llamado a la acción que no puede ser ignorado. La comunidad educativa, los padres y los propios estudiantes están llamados a unirse para exigir cambios que aseguren un sistema de formación justo y humano.