La Corte de Apelaciones ha aceptado un recurso de amparo económico presentado por el abogado Juan Francisco Sánchez, quien cuestiona la creación de dos filiales de Codelco dedicadas a la explotación de litio en Chile. Según Sánchez, estas acciones violan las restricciones constitucionales que regulan la actividad empresarial del Estado.

Desafío legal a la explotación del litio

Sánchez critica la formación de las filiales Salares de Chile y Minera Tarar, alegando que se llevaron a cabo «burlando todos los requisitos y limitaciones que la Constitución y la ley imponen a la actividad empresarial del Estado». El abogado insiste en que la explotación de litio debería estar respaldada por una ley que requeriría un quórum calificado, dado el régimen especial que le otorga la Constitución.

Además, el recurso cuestiona la legalidad con la que se constituyeron estas entidades, sugiriendo que carecen de la autorización adecuada, lo que pone en entredicho la transparencia y legalidad del Estado en este sector estratégico crítico para el desarrollo económico de Chile.

Un procedimiento muy cuestionado

Sánchez alega que la asignación de derechos de explotación a Minera Tarar SpA se realizó sin un proceso de licitación pública, contrario a lo que establece la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado. Esta irregularidad ha sido criticada incluso por la compañía china Tianqi, socia minoritaria de SQM, que ha exigido una revisión por parte de los accionistas respecto a este proceso.

El argumento también destaca que la integración de Codelco con SQM en el Salar de Atacama no obtuvo la aprobación necesaria de los accionistas minoritarios, un paso que es fundamental para garantizar la legalidad de esta asociación. Este tipo de situaciones en el sector de recursos naturales ha generado preocupación en la sociedad civil y organizaciones que promueven la transparencia.

Peticiones surgidas del recurso

Sánchez demanda que el tribunal declare ilegal el acuerdo entre Codelco y SQM, indicando que esta asociación público-privada se estructuró en contravención de las normativas actuales. También busca la disolución de las empresas Salares de Chile SpA y Minera Tarar SpA, aduciendo que su creación evade las regulaciones aplicables a las actividades empresariales estatales.

Además, el recurso busca que los contratos de explotación de litio sean tratados a través de un proceso de licitación pública, con el objetivo de garantizar que el Estado cumpla con los requisitos de transparencia y legalidad. Esta, según fuentes cercanas, sería una medida crucial para evitar una «competencia desleal» que desconozca el marco regulatorio que deben seguir los operadores privados.

Un precedente judicial que puede influir

En su argumentación, Sánchez remarca un reciente fallo de la Corte Suprema sobre la regulación del juego en línea, sugiriendo que el principio de necesitar una ley habilitante aplica al escenario de la explotación del litio. La Corte de Apelaciones ha solicitado informes a Codelco, Tarar, Salares de Chile y Corfo, estableciendo un plazo para responder al recurso presentado.

La resolución de este caso podría sentar un precedente importante en la regulación de la industria minera en Chile, un sector clave que ha sido objeto de numerosos conflictos legales y sociales en los últimos años. La situación actual destaca la necesidad urgente de una revisión exhaustiva de las políticas y procedimientos que rigen la explotación de recursos naturales en el país.