En un giro escandaloso de los acontecimientos, un alto funcionario público de la región de Magallanes fue formalizado recientemente en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas por múltiples abusos sexuales en contra de su propia hija y de su hijastra. A pesar de las serias acusaciones, el acusado fue dejado en libertad provisional, generando una ola de indignación en la comunidad.

Este hombre, que ocupa un puesto relevante en una institución relacionada con la protección infantil, se presentó de manera voluntaria ante el tribunal enfrentando cargos por dos delitos de abuso sexual reiterado. Se alega que los abusos se llevaron a cabo cuando ambas menores tenían menos de 14 años.

La madre de las víctimas se enteró de la situación al preguntar a una de ellas qué sucedía. La niña, con miedo de explicarlo verbalmente, se decidió por el dibujo: dos ilustraciones inquietantes que mostraban a su padre y la angustia que sentía al recibir sus caricias inapropiadas. En una de sus declaraciones, una de las hijas relató que él le besaba en la boca, insistiendo que era un 'juego'. Pero lo más perturbador no terminó ahí.

Un hecho conmovedor ocurrió en 2023, cuando la madre y su hija vieron una película. Mientras ambas se dormían, el acusado aprovechó para realizar tocamientos inadecuados, lo que fue observado por la madre en el momento. La conmoción de la situación fue tal que la madre recordó que su hija de 12 años en aquella ocasión parecía paralizada por el terror.

El abuso no solo se limitó a tocamientos. La madre descubrió que él había instalado cámaras de seguridad en todas las habitaciones de la casa, incluida la de las niñas. Una de las menores reportó a su hermana que había sido acosada por su padre, evidenciando un patrón de comportamiento que las menores comenzaban a reconocer como peligroso.

Las denuncias sobre el comportamiento errático y sexualmente abusivo del padre comenzaron a aflorar a medida que las hijas conversaban entre sí, revelando un entorno de miedo y manipulación en el hogar. La mayor identificó la preocupación que había sentido al no querer regresar a casa, donde su padre, según los informes, había instalado cámaras ocultas, lo que solo aumentaba la sensación de vulnerabilidad.

Los procedimientos legales están actualmente en curso, con un plazo de investigación establecido de cuatro meses. La fiscal Katerina Aranis se opone a la decisión de dejar al acusado en libertad y planea apelar para solicitar arresto domiciliario total, dada la gravedad de las acusaciones. Sin embargo, el abogado defensor alega que estos hechos no son ciertos, argumentando que podría tratarse de un ‘drama familiar’ que llevó a las menores a hacer estas denuncias.

Esta situación alarmante revela no solo la fragilidad del sistema que debería proteger a los niños, sino también la necesidad urgente de que las autoridades tomen acciones más contundentes para garantizar la seguridad de las víctimas. Mientras tanto, las víctimas, que han mostrado signos de trauma, continúan lidiando con las consecuencias de las experiencias vividas, y existe una creciente preocupación sobre la posibilidad de que haya más víctimas sin que se les brinde la oportunidad de hablar.

En el corazón de este devastador relato, está la pregunta: ¿qué futuro les espera a estas niñas mientras su presunto atacante sigue libre? La comunidad local y los defensores de los derechos de la infancia exigen respuestas y justicia.