La Fundación Fuerza Ciudadana, una conocida ONG dedicada a la lucha contra la corrupción, ha presentado una nueva y explosiva querella contra el Presidente Gabriel Boric. Esta vez, la denuncia se centra en el delito de malversación de caudales públicos, con graves acusaciones que podrían tener repercusiones importantes en su gobierno.

La controversia surge a raíz del exorbitante costo de la defensa del Mandatario en una investigación penal que indaga sobre posibles irregularidades en la fallida compra de la residencia del expresidente Salvador Allende. Este escándalo se intensifica con la revelación de que el abogado Jonatan Valenzuela fue contratado por la suma que supera los 13 millones de pesos, una cifra que ha dejado a muchos con la boca abierta.

Según la acción legal, presentada ante el 7º Juzgado de Garantía de Santiago y amplificada por La Tercera, se pone en tela de juicio el uso de fondos públicos para la contratación directa de Valenzuela, quien propuso honorarios de 350 UF (equivalentes a más de 13 millones de pesos). La querella destaca que, en el contrato firmado, se especifica que "la propuesta de honorarios no incluye los gastos necesarios" que podrían surgir durante la prestación de los servicios.

El presidente de la Fundación, Raimundo Palamara, un reconocido crítico del actual gobierno, enfatiza que esta situación perjudica gravemente las arcas fiscales y se convierte en un caso claro de malversación. "Estamos hablando de un uso de recursos públicos para el beneficio personal de Boric", advirtió.

Interesantemente, en este contexto, la querella sugiere que no se aplicaría lo estipulado por la Contraloría, que establece que la defensa de los funcionarios públicos debe ser asumida por el Estado. Los denunciantes afirman que la actuación del presidente en este caso es inconstitucional, ya que el contrato de compraventa de la propiedad se realizó al margen de la Constitución.

Vale la pena recordar que este no es el primer capítulo de este escándalo. El 15 de enero, la misma Fundación presentó otra querella relacionada con la compra, responsabilizando al Mandatario y solicitando investigaciones sobre un posible fraude al Fisco.

Entre las peticiones de la fundación se incluye la requisición de los teléfonos celulares del Presidente y la documentación relacionada con el contrato de honorarios. También piden que se tomen declaraciones al abogado Valenzuela, quien se beneficiaría directamente de los fondos públicos.

La compra fallida de la casa, ubicada en Providencia, Santiago, se dio a conocer el 31 de diciembre del año anterior, cuando el gobierno anunció su intención de adquirir el inmueble por $933 millones a través del Ministerio de Bienes Nacionales, con el argumento de que sería parte de inversiones patrimoniales.

Sin embargo, la compra fue rápidamente criticada por su elevado costo y, más crucialmente, por la supuesta ilegalidad involucrada. Dado que dos de las dueñas del inmueble, Isabel Allende y Maya Fernández, ocupan cargos públicos que les impiden negociar contratos con el Estado, se plantean serias dudas sobre la legitimidad de la transacción.

Pocos días después, el 4 de enero, el Presidente Boric tuvo que retractarse, señalando que, debido a "la actual estructura de copropiedad de la comunidad de herederos del expresidente Allende, se ha determinado que no es posible concretar la adquisición de la residencia del exmandatario".

Con la presión aumentada y un movimiento social clamando por transparencia, las próximas semanas serán cruciales para determinar el futuro político del Presidente Boric. ¿Logrará salir indemne de este escándalo? ¡Los ciudadanos están atentos!