El actual alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel (ind), ha anunciado este jueves su intención de presentar una querella penal contra aquellos que resulten responsables, luego de la revelación de un informe impactante de la Contraloría General de la República. Este informe ha destapado graves irregularidades en la administración de Emilia Ríos (FA), quien actualmente se desempeña como subsecretaria de Deportes, durante su gestión municipal.

La auditoría, que abarcó desde enero hasta septiembre de 2024, puso al descubierto múltiples deficiencias administrativas, un uso indebido de los recursos públicos y un uso cuestionable de recursos para promover la figura de la exalcaldesa en su campaña de reelección. Estas revelaciones han dejado a muchos ciudadanos en estado de shock.

Dentro de las irregularidades, se encontró que varios funcionarios municipales han recibido pagos por horas extraordinarias sin tener un registro de asistencia. Este hallazgo es una clara violación de la normativa laboral vigente. Sichel también indicó que algunos empleados realizaron jornadas laborales continuas superiores a 12 horas, a pesar de que sus contratos no lo permitían, afirmando que este tipo de conductas reflejan un desorden que, asegura, “no será tolerado en su administración”.

Otro de los puntos álgidos del informe es el uso indebido de vehículos municipales, donde se identificaron autorizaciones irregulares para su uso en días inhábiles, así como deficiencias en la supervisión de vehículos arrendados. Intensas investigaciones han revelado cuentas corrientes abiertas innecesarias y giradores activos que ya no pertenecen al municipio.

La Contraloría también ha señalado serias deficiencias en las rendiciones de cuentas de las corporaciones culturales, deportivas y sociales de la comuna, con más de $6 mil millones en documentación que falta. Además, se han reportado gastos no justificados, incluyendo el uso de servicios de transporte no regulados, por la suma de $2.316.032.

Sichel ha sido contundente en sus declaraciones, afirmando que el informe confirma lo que ya había mencionado anteriormente: “hay un desorden administrativo, hay uso de las instituciones con fines políticos para favorecer a un sector político específico, es decir, el Frente Amplio y la gestión anterior”. En respuesta a estos hallazgos, el alcalde ya tomó medidas internas, como desvincular a funcionarios que no estaban cumpliendo con sus responsabilidades y que se dedicaban a la política.

Para enfrentar esta alarmante situación, Sebastián Sichel ha anunciado tres líneas de acción: presentar querellas penales (como ya había mencionado en el último Concejo Municipal), perseguir responsabilidades individuales y colectivas a través de sumarios, y asegurar que los recursos municipales beneficien a la comunidad y no sean desviados por intereses políticos. Además, hizo hincapié en la necesidad de una gestión administrativa ordenada y transparente como condición indispensable para reconstruir la confianza en la ciudadanía.

Por si fuera poco, las irregularidades no terminan aquí. Se ha puesto en tela de juicio las contrataciones a honorarios, ya que muchas de las descripciones en los contratos son genéricas y se ha encontrado que las tareas realizadas por estos profesionales son repetitivas, infringiendo los requisitos legales de especificidad. La Contraloría ha advertido sobre la urgencia de corregir estas prácticas para evitar la renovación de servicios que deben ser ejecutados por personal municipal.