En 2016, en un movimiento abrupto y controvertido, el Partido Comunista (PC) vendió un total de 218 propiedades – incluyendo departamentos, bodegas y estacionamientos – a la empresa Inversiones Progreso SpA, creada por uno de sus militantes, Ricardo Castro. Esta venta se realizó en cumplimiento de la nueva ley de financiamiento a partidos políticos, que obligó a las agrupaciones a reducir su patrimonio económico. Esta operación ha sido objeto de intenso escrutinio durante los últimos años.

CIPER ha revelado que entre 2017 y 2023, Inversiones Progreso SpA logró vender 43 de los inmuebles adquiridos del PC, de los cuales 31 han terminado en manos de personas o entidades conectadas con el partido. Un notable comprador ha sido la Inmobiliaria Libertad S.A., que estuvo vinculada al control de la Universidad ARCIS en 2004, un centro educativo en crisis financiera y que finalmente cerró sus puertas.

A través de estas transacciones, el PC generó una considerable controversia, especialmente porque la capacidad financiera de Castro había sido cuestionada al momento de esa compra. La deuda pendiente de Progreso con el partido asciende actualmente a más de 4,5 mil millones de pesos, aunque este ha pagado solo un 33.9% de la misma, lo que ha generado críticas sobre la gestión financiera del partido.

El académico y exmilitante que adquirió las propiedades, Castro, no solo compró los inmuebles, sino que se convirtió en propietario total de Inmobiliaria e Inversiones Araucaria SpA, la cual era responsable de los activos del PC.

En medio de este contexto, numerosas ventas han revelado una red entre los compradores y el PC, lo que muchos consideran un incumplimiento de las normativas de transparencia. Entre los nuevos propietarios se encuentran figuras prominentes del partido: desde Álvaro Palma, quien en su momento quiso ser parte de la directiva del Comité Central, hasta entidades que tienen un papel activo en la política actual.

El Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL), una histórica institución del PC, y Ediciones ICAL, fundadas por el actual senador Daniel Núñez, también aparecen en la lista de entidades que ahora poseen propiedades del PC. Las conexiones entre estos grupos, que han desempeñado roles en asesorías políticas y académicas para el partido, están bajo la lupa tras la revelación de los vínculos entre los compradores y la gestión del patrimonio del PC, poniendo en duda la integridad y la ética detrás de estas transacciones.

Por ejemplo, dentro de la lista de compradores, Patricia Sepúlveda, quien posee vínculos familiares con figuras del PC, adquirió también propiedades en La Cisterna. Mientras tanto, el economista Pedro Vuskovic, aunque no tiene afiliación actual con el PC, también ha sido parte de este entramado debido a su pasado familiar, lo que añade una capa de complejidad al debate sobre las vívidas relaciones que existieron entre el ente político y las transacciones inmobiliarias.

La serie de compras y ventas no solo ha sido un movimiento estratégico para saldar deudas, sino que también deja mucho que pensar sobre cómo los partidos políticos manejan su patrimonio y la normativa que los regula. Los críticos argumentan que este fenómeno no solo es un problema para el PC, sino que resalta la vulnerabilidad de los partidos en la gestión de sus activos en tiempos de cambios legislativos. Finalmente, este escándalo ha impulsado a muchos a exigir mayor transparencia y responsabilidad en las operaciones de los partidos políticos en Chile.