"Los glaciares son fundamentales para el equilibrio de los ecosistemas, no solo en la cordillera, sino también como fuentes de agua durante el deshielo. Su retroceso no solo pone en riesgo la disponibilidad de agua, sino que afecta la biodiversidad y las comunidades que dependen de estos recursos", explica Paz González, experta en Ecología de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, en Argentina.

Con el aumento de la temperatura global, que es la principal causa del derretimiento de los glaciares, Naciones Unidas ha declarado 2025 como el AÑO INTERNACIONAL DE LA CONSERVACIÓN DE LOS GLACIARES, y ha establecido el 21 de marzo como el DÍA INTERNACIONAL POR LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES. "Los glaciares actúan como un cinturón de seguridad ante las sequías: proveen agua cuando la lluvia es escasa", señala Lucas Ruiz, glaciólogo argentino.

La profesora González advierte que "el incremento de la temperatura en la Patagonia y Cuyo está acelerando el retroceso de los glaciares, poniendo en riesgo las reservas estratégicas de agua dulce que surgen de la Cordillera de los Andes, alimentando a los ríos principales de Argentina".

Adicionalmente, indica que "los Andes del Sur han perdido aproximadamente un 13 por ciento de su masa, con una tasa de pérdida de hielo que ronda los 27 millones de toneladas por año". Por ello, enfatiza la urgencia de fortalecer la protección de los glaciares en América Latina, implementando mecanismos de gobernanza inclusiva y promoviendo el financiamiento para soluciones locales.

Desde 2010, Argentina cuenta con la Ley de Glaciares, surgida de una iniciativa de una diputada que se inspiró en un proyecto similar en Chile. Sin embargo, tras su primera aprobación, la ley fue vetada por la entonces presidenta Cristina Kirchner. Esto desencadenó una movilización ciudadana que finalmente logró su aprobación definitiva. "Esta ley es un avance en la protección ambiental al reconocer la importancia de los glaciares como reservas de agua", sostiene Leandro Gómez, coordinador del programa de Inversiones y Derechos de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

Pese a su sanción, el sector minero ha intentado desviar su implementación. "La ley está amenazada por las grandes corporaciones mineras. Recientemente, un intento de modificación desde el Gobierno propuso recortar las áreas protegidas, facilitando el acceso de la minería a estos ecosistemas", alerta Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.

La preocupación radica en que la minería ha persistido en Mendoza durante años, encontrando resistencia de la población. Sin embargo, en el actual clima político de Argentina, el gobierno provincial está intensificando sus esfuerzos para avanzar en estos proyectos, lo que ha llevado a una creciente alarma entre la ciudadanía. 34 proyectos mineros de exploración fueron aprobados recientemente en el Departamento de Malargüe, lo que representa una amenaza inminente para los glaciares y el medio ambiente circundante.

El Instituto Argentino de Nivología y Glaciología (IANIGLA) advirtió que estos proyectos podrían impactar negativamente los sistemas glaciares y periglaciares de la región, enfatizando la falta de estudios adecuados sobre el agua y el clima. Ante esta situación crítica, FARN ha planteado una medida cautelar para frenar cualquier actividad de exploración minera y exigir un análisis exhaustivo del estado hídrico actual y de los impactos acumulativos de los proyectos mineros. "Es vital que se realice una delimitación y caracterización del ambiente glaciar y periglaciar en esta zona", concluye Gómez.