La Corte de Apelaciones de Talca ha dado un golpe en la mesa al solicitar la apertura de un cuaderno de remoción contra el notario Gabriel Guerrero González, involucrado en una situación financiera alarming. Guerrero, quien dirige la Séptima Notaría en Talca, se encuentra bajo la lupa tras acumular deudas que superan los $760 millones, mientras que sus trabajadores sufren por la falta de pago de cotizaciones y sueldos.

Según investigaciones de BBCL Investiga, este fedatario ha sido suspendido de sus funciones y se enfrenta a al menos dos sumarios por irregularidades financieras. Se ha descubierto que durante el 2023, el notario no cumplió con las cotizaciones e imposiciones de sus 15 empleados durante la mayor parte del año, acumulando una deuda de $40 millones. A pesar de prometer regularizar su situación, los pagos nunca llegaron y, en su lugar, ofrecía sueldos en cuotas, muchas veces con retrasos de hasta siete días.

La situación se ha vuelto insostenible. Las deudas incluyen no solo los sueldos y las cotizaciones, sino también pagos por arriendo y gastos comunes, generando un impacto directo en los derechos laborales y previsionales de sus empleados. Estos trabajadores han declarado que la mala administración de Guerrero ha afectado su capacidad para acceder a créditos y servicios de salud.

Los recientes hallazgos de la Corte también indican que Guerrero adeuda pagos previsionales de más de $80 millones desde 2022 y las moras se multiplican. Además, informes de la fiscalía encontraron que el notario tiene deudas bancarias significativas: $292 millones con el Banco de Chile y $262 millones con el BCI, entre otras obligaciones.

En un intento por remediar la situación, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Oriencoop Limitada ha solicitado la liquidación forzosa de Guerrero, mientras que también enfrenta una acusación por emitir cheques sin fondos, un acto por el cual se le denuncia por $20 millones de pesos. Sin embargo, a pesar de estas evidencias, se ha revelado que sus ingresos mensuales superan los $40 millones, lo que genera aún más preguntas sobre su administración financiera.

El notario ha presentado una apelación a la Corte de Talca, argumentando que la suspensión de sus funciones ha vulnerado su derecho a un debido proceso. Sin embargo, ante los crecientes indicios de mala gestión y la acumulación de deudas, la Corte ha decidido renovar su suspensión, dejando a Guerrero en la incertidumbre sobre su futuro en el Poder Judicial.

Este escándalo pone en jaque no solo el prestigio del notario, sino que también el de la institución en la que opera. La ciudad de Talca, al igual que sus empleados, observa con expectativa el desenlace de esta alarmante situación que podría marcar un antes y un después en la percepción pública sobre los notarios y su responsabilidad financiera.