En las recientes elecciones locales de octubre, el gobernador socialista Luis Cuvertino Gómez fue reelegido sin complicaciones, obteniendo el 40,9% de los votos. Durante su discurso, destacó el reconocimiento al trabajo regional y político que ha llevado a cabo.

Sin embargo, dos semanas antes de la elección, el 11 de octubre, la Contraloría General de la República emitió un informe preocupante sobre una auditoría realizada en el Gobierno Regional (GORE) de Los Ríos. Este análisis se centró en las transferencias de recursos a entidades privadas y en cómo se utilizó el dinero destinado a diversos proyectos.

Las conclusiones del informe, que fue publicado recientemente, revelan alteraciones y prácticas indebidas con montos cuestionados que superan los $38 mil millones. La Contraloría manifestó que estas situaciones representan un riesgo considerable, ya que podrían autorizar traspasos a organizaciones privadas para realizar proyectos que no son viables o que no cumplen adecuadamente con los propósitos del financiamiento.

Dada la gravedad de las irregularidades, se decidió remitir el caso al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y se ordenó una investigación administrativa en el gobierno regional para determinar posibles responsabilidades.

Aunque la Fiscalía de Los Ríos no ha confirmado si se está llevando a cabo una investigación vinculada a estos hallazgos, fuentes del Ministerio Público admiten tener conocimiento de la situación.

Los impactantes $38 mil millones

El informe de la Contraloría reveló que entre 2021 y 2023, GORE Los Ríos hizo transferencias a 764 entidades privadas sin fines de lucro, con un total cercano a los $31 mil millones. Sorprendentemente, el 66% de esos recursos fueron asignados a solo cinco organizaciones, lo que equivale a más de $20 mil millones distribuidos en tres años. La Universidad Austral lidera la lista con $6 mil millones, seguida por la Corporación de Desarrollo Productivo ($5 mil millones), la Fundación de Desarrollo Educacional La Araucana ($3 mil millones), Bomberos ($3 mil millones) y la Corporación de Patrimonio Cultural ($2 mil millones).

Además, se detectó que uno de los proyectos más caros del GORE, dedicado a fortalecer ferias costumbristas, recibió $3 mil millones sin claridad sobre los beneficiarios del proyecto ni sus alcance. La Contraloría también advirtió que el GORE no exigió las rendiciones de cuentas de 660 proyectos por un monto que supera los $20 mil millones.

Para colmo, al 31 de diciembre de 2023, había 18 proyectos con saldos pendientes cercanos a los $800 millones, cuyo registro se regularizó en febrero y marzo de 2024, lo que llevó a la Contraloría a recomendar un mejor control en las rendiciones de cuentas.

En medio de esta crisis, el GORE argumentó que las observaciones no implican pérdida de recursos, sino que se trata de iniciativas ya completadas y cerradas técnicamente, aunque reconocen que existen debilidades en la gestión contable.

Una situación alarmante

Uno de los puntos críticos expuestos es que el GORE no cuenta con un manual que le permita identificar y prevenir conflictos de interés entre los funcionarios y los ejecutores de los proyectos financiados. Este hallazgo levanta serias preocupaciones sobre la transparencia y la ética en la gestión de recursos públicos.

Todo indica que Los Ríos se encuentra en medio de una tormenta en lo que respecta a la administración pública. La comunidad espera respuestas y una rigurosa investigación que aclare estos graves hallazgos.