Después de casi un año de indagaciones, el pasado 18 de octubre, la Corte de Apelaciones de Santiago tomó la drástica decisión de sancionar al juez Óscar Meriño, quien ha estado en el ojo del huracán por el irregular nombramiento de peritos en varias causas, recibiendo una suspensión de cuatro meses con goce de medio sueldo. Aunque la Corte desestimó acusaciones sobre posibles beneficios económicos que Meriño pudiera haber recibido, la noticia ha generado revuelo en la comunidad legal por su insuficiencia para esclarecer el papel que desempeñaron los abogados involucrados, si fueron cómplices o meras víctimas del sistema.

Este caso no es un aislado: Meriño también enfrenta otras acusaciones en la Fiscalía Centro Norte por cohecho, que involucran a tres funcionarios más en el entramado responsable de resolver los reclamos de los contribuyentes ante el Servicio de Impuestos Internos (SII). Esta investigación se ha desarrollado de manera paralela al notorio caso Hermosilla, que también gira en torno a la presunta entrega de sobornos a funcionarios públicos.

La pesquisa, liderada por el fiscal Daniel Calvo, reveló la participación directa de Meriño en la designación irregular de peritos en al menos 10 causas entre 2018 y 2021. En este mismo lapso, se detectaron “transacciones bancarias sospechosas” que el juez intentó justificar como pagos de arriendos de varios departamentos en Colina. Sin embargo, la suma de transferencias no justificadas que realizaron sus familiares, como $118 millones a su hermano y $4.5 millones a su asistente, levanta serias dudas sobre su integridad.

Un análisis exhaustivo realizado por la Unidad de Investigación de El Mostrador cruzó informes de los 10 casos en los que se evidenciaron irregularidades en la designación de peritos con sus sentencias finales. El resultado fue desconcertante: en todos los casos, los fallos emitidos fueron favorables al contribuyente, lo que derivó en una significativa pérdida fiscal para el Estado. Esto plantea la cuestión de cómo Meriño manejó cada causa y si el uso de peritos a medida no fue más que un mecanismo de manipulación de las decisiones judiciales.

Los informes periciales, que deberían actuar como herramientas objetivas de evaluación, se convirtieron en instrumentos potenciales de favoritismo. La abogada del SII, María Paz Quiroz, ya había señalado la extraña designación de ciertos peritos, argumentando que no eran necesarias. Abogados como Cristián Vargas insistieron en la necesidad de una supervisión más rigurosa sobre el trabajo de los peritos, reiterando que cualquier atisbo de corrupción en el sistema judicial necesita ser investigado exhaustivamente.

La controversia se intensificó cuando se conocieron casos específicos, como el de la empresa Universal McCann Servicios de Medios, que logró recuperar $180 millones tras un informe favorable de la perito Pilar Gaete, y el escandaloso reclamo de Alsacia, donde el peritaje de Sergio Castro permitió ajustar liquidaciones que dejaron en el aire una fortuna de impuestos por devolver.

Los ecos de este escándalo han llegado a todos los rincones del sistema tributario chileno, planteando serios cuestionamientos sobre la ética de los jueces y su relación con los peritos designados. La falta de transparencia y los vínculos dudosos entre profesionales entrenan la convicción de que estos 'perdonazos' no fueron meros errores, sino actos intencionados que atentan contra la integridad del sistema judicial. ¡La ciudadanía exige respuestas y transparencias en un sistema que parece estar pudriéndose desde adentro!