Este lunes, el 7° Juzgado de Garantía de Santiago ha dado un paso clave al declarar admisible la querella presentada por el diputado Andrés Celis, respaldado por su abogado Luis Eduardo Cantellano. La acusación se dirige contra el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve; la ministra Carolina Tohá; el director de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna; y el exjefe de gabinete de Monsalve, Gabriel de la Fuente, por supuestos delitos de obstrucción a la justicia y violaciones a la Ley de Inteligencia en lo que se ha dado en llamar el 'Caso Monsalve'.

La querella, que fue ingresada el viernes pasado, incluye serias acusaciones de encubrimiento de un delito grave que ocurrió el 22 de septiembre de 2024 en el Hotel Panamericano de Santiago. Se alega que las autoridades intentarían ocultar el incidente en vez de seguir los conductos regulares para denunciarlo.

El diputado Celis enfatiza que 'la admisibilidad de esta querella es solo el primer paso. Nuestra meta es descubrir la verdad y ayudar a que la fiscalía tome una decisión rápida. No escatimaremos esfuerzos en investigar la responsabilidad de quienes están involucrados en estas acciones delictivas'. Además, recordó que hay pruebas substanciales que justificarían la detención de Monsalve por su implicación en este caso.

Celis subraya la urgencia de analizar los dispositivos electrónicos de los acusados, sugiriendo que 'Chile merece saber lo que se encuentra en los teléfonos de Monsalve, De la Fuente, Cerna y Tohá, ya que el alcance del escándalo podría ser aún mayor de lo que imaginamos'.

Luis Eduardo Cantellano, por su parte, mostró satisfacción por la admisión de la querella, destacando que 'esto defiende la institucionalidad y los derechos que trascienden el caso de violación actualmente en debate. Estamos dispuestos a colaborar plenamente con las autoridades para aportar toda información relevante'.

Según los documentos de la querella, se sostiene que Monsalve, al enterarse de las denuncias, habría dado instrucciones para retirar las cámaras de seguridad del hotel bajo el pretexto de ser espiado, lo que podría considerarse un abuso de recursos de inteligencia. Además, la ministra Tohá supuestamente tuvo conocimiento de los hechos desde el 15 de octubre y, en lugar de actuar conforme a la ley, alerta a Monsalve para que interviniera antes de que se realizaran las primeras diligencias.

Adicionalmente, se alega que el presidente Gabriel Boric facilitó el traslado de Monsalve a Concepción en vehículos oficiales para 'resolver la situación familiarmente', lo que añade más controversia a la ya tensa situación política.

Cabe resaltar que la querella busca también citar como testigos al presidente Boric, a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, y al subsecretario del Interior, Luis Cordero, con el fin de esclarecer todos los detalles de este escandaloso caso que ha generado un clima de incertidumbre y tensión en el gobierno actual.