Un nuevo escándalo se desató en torno a Cathy Barriga, exalcaldesa de El Quisco, quien ahora se encuentra en el centro de una investigación fiscal por presunta falsificación de un informe médico de su hijo. Esta situación surge tras una denuncia presentada por exfuncionarios municipales que aseguran que el 9 de enero de este año, justo una semana antes de la formalización de Barriga, se cometió un fraude al obtener un diagnóstico médico irregular que fue utilizado para justificar su arresto domiciliario y evitar la prisión preventiva.

La situación se complica aún más para Barriga, ya que el noveno tribunal de garantía ha dictaminado que debe cumplir con la prisión preventiva, según nuevos antecedentes presentados por la fiscalía, que exigen una revisión exhaustiva de la evidencia, incluyendo el mencionado informe que fue revelado por Tele 13.

A su vez, las consecuencias del escándalo no se limitan a la exalcaldesa, ya que la fiscalía también está considerando pedir el desafuero de su esposo, el diputado Joaquín Lavín León. Lavín está vinculado a un polémico caso de facturas falsas en la comuna de Maipú, el cual fue descubierto recientemente. Hace 10 días, las autoridades realizaron allanamientos en sus oficinas, en su hogar y en su sede distrital como parte de las indagaciones sobre su gestión mientras su esposa ocupaba la alcaldía.

Además, el caso ha planteado serias preguntas sobre la integridad del sistema de salud y la ética de utilizar información médica para el beneficio personal. En medio de estos acontecimientos, se han generado protestas tanto dentro como fuera del municipio de El Quisco, demandando una revisión de los protocolos y responsabilidades al interior del gobierno local.

La situación se torna aún más tensa, ya que muchos ciudadanos exigen una acción decisiva por parte del gobierno para sancionar a todos los involucrados y restaurar la confianza en las instituciones públicas. Mientras tanto, Barriga enfrenta cada día más presión, y se espera que la fiscalía avance rápido en la investigación para aclarar todos los hechos.

En un panorama más amplio, la oposición ha aprovechado estos escándalos para cuestionar la gestión del presidente Gabriel Boric, quien enfrenta un creciente descontento en torno a la seguridad pública y la ética gubernamental. Los últimos eventos han hecho que la atención de la opinión pública se dirija también hacia la ministra del Interior, quien ha sido objeto de críticas por su rol en la actual crisis.