La Fiscalía de Ecuador ha confirmado de manera aterradora que los cuerpos calcinados encontrados recientemente pertenecen a los cuatro niños desaparecidos el 8 de diciembre en el sur de Guayaquil. Este caso, que ha conmovido a toda la nación y ha desatado protestas, surge tras la aprehensión por parte de 16 soldados, quienes ahora enfrentan prisión preventiva tras la orden judicial emitida el día de hoy.

Los resultados de las pruebas de genética forense han corroborado que los cuatro cuerpos hallados en la localidad de Taura corresponden a los menores Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, y sus amigos Saúl Arboleda, de 15 años, y Steven Medina, de 11 años. Los cuatro salieron alegremente a jugar fútbol en el barrio Las Malvinas y nunca regresaron.

Lo que sucedió esa fatídica noche quedó grabado en varios videos compartidos en redes sociales, donde se observa a los soldados llevando a los menores hacia un lugar desconocido, el cual resulta ser Taura, un área a unos 30 kilómetros de Guayaquil, que alberga una de las bases principales de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).

Desde aquel momento, no había pistas sobre su paradero, y los militares alegaron que los habían dejado con vida durante el trayecto hacia la base militar. Sin embargo, la versión oficial de los hechos ha sido desafiada por múltiples pruebas y testimonios.

El acceso a la justicia ha tomado un nuevo impulso, ya que una jueza ha determinado que la desaparición de estos niños debe investigarse como un caso de “desaparición forzada” con responsabilidad estatal. Esto ocurrió tras la aceptación del habeas corpus interpuesto por los familiares de los menores, quienes desde el principio denunciaron irregularidades en el actuar militar.

Lágrimas en el juicio

Durante la audiencia de formulación de cargos en Guayaquil, los gritos desgarradores de los familiares fueron escuchados mientras se daba la noticia de que los 16 militares enfrentan serios cargos por crímenes de desaparición forzada, un delito clarísimamente grave. El ambiente se tornó tenso, inseparables el dolor y la indignación de los que asistieron al juicio.

Abraham Aguirre, abogado en materia de derechos humanos, resaltó que los resultados de los análisis de ADN fueron entregados rápidamente debido a la urgencia que presenta este caso. Dijo: “La comunidad está en shock. Este hallazgo es una violación intolerable de los derechos humanos”.

Además, se ha sugerido que la Fiscalía se encuentre evaluando abrir una nueva investigación por posible ejecución extrajudicial, lo que se suma a la angustia y la necesidad de justicia por parte de los afectados.

Un panorama oscuro

La investigación por la desaparición de los niños comenzó el 9 de diciembre, luego de la presentación de una denuncia de secuestro. Inicialmente, el caso fue manejado por la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional (Fedoti) y fue transferido el 22 de diciembre a la Unidad Especializada de Investigación de Uso Ilegítimo de la Fuerza.

La lista de los soldados investigados es impactante e incluye nombres como Christian Eduardo A. Q., David Andrés C. A., y Moisés Israel L. L., entre otros. Durante la audiencia judicial, se presentaron tantas evidencias que la Fiscalía está convencida de la implicación de los procesados en el delito. Pruebas como testimonios de testigos, informes forenses, y registros de video han sido claves para estas hipótesis de responsabilidad.

Finalmente, la instrucción fiscal se prolongará por noventa días. El delito de desaparición forzada, según las leyes ecuatorianas, acarrea severas penas de entre 23 y 26 años de prisión. Este trágico suceso no solo ha sacudido Guayaquil, sino que ha dejado una huella imborrable en una nación que demanda justicia y respuestas.