El gobierno de Gabriel Boric ha experimentado varios giros significativos en sus tres años de mandato. Con un año restante en su administración, se ha generado un intenso debate sobre las decisiones y posiciones adoptadas por su gobierno frente a eventos críticos, como la pandemia y el estallido social de 2019.

Una reciente encuesta de Descifra, una colaboración entre Copesa y Artool, titulada "Evaluación y proyección del gobierno en su último año", revela la percepción de la ciudadanía sobre estos cambios. Los resultados indican una notable desaprobación hacia la gestión de Boric, destacando la valoración de su agenda laboral como su principal legado, y colocando a la exministra Carolina Tohá como una figura clave para el futuro del gobierno.

El cambio más notable que reconoce la ciudadanía es la adopción de una postura crítica respecto al estallido social, con un 36% de las respuestas en esa línea. Este cambio de discurso es considerable, dado que Boric y otros líderes de su coalición habían criticado fuertemente al gobierno de Sebastián Piñera en el contexto del estallido, incluso exigiendo su renuncia en ese entonces.

Boric, quien en el momento del estallido era diputado y participó activamente en las manifestaciones, utilizó sus redes sociales para condenar la militarización del país, proclamando: "¡Basta! Todas las fuerzas sociales y democráticas deben oponerse a la militarización de la ciudad". Sin embargo, ha cambiado de tono desde que asumió la presidencia y ha reconocido la complejidad de los eventos de 2019.

En 2022, el mandatario señaló que el estallido no fue solo una ola de delincuencia, sino una manifestación de las fracturas sociales que la política no ha sabido abordar. Aunque ha criticado la violencia durante aquellas jornadas, su enfoque ha cambiado, haciendo evidente que su administración busca un equilibrio entre justicia social y seguridad pública.

En sus recientes declaraciones, durante el funeral de Estado del expresidente Piñera en febrero de 2024, Boric resaltó que, a pesar de ser adversarios políticos, se valoran aspectos positivos de la gestión de Piñera, lo que ha generado reacciones mixtas dentro de su administración, incluyendo críticas de sectores más a la izquierda.

Camila Vallejo, ministra vocera, tuvo que salir a aclarar estas afirmaciones, asegurando que reconocer logros en la gestión anterior no minimiza las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante ese tiempo. Resaltó que la justicia debe garantizar que se reconozcan y sancionen estas violaciones.

Este cambio en la narrativa y el enfoque del gobierno trae consigo desafíos significativos para la administración de Boric, en un contexto donde la confianza del público sigue en un punto crítico y donde la polarización política se acentúa. ¿Podrá Boric reconciliar su legado y las expectativas de cambio en su último año de gobierno?