El Tribunal Constitucional de Corea del Sur ha tomado una decisión histórica este viernes, destituyendo de manera definitiva al presidente Yoon Suk-yeol debido a su polémica declaración de ley marcial. Esta decisión unánime, apoyada por todos los ocho jueces de la corte, obliga ahora al país a convocar elecciones presidenciales anticipadas en un plazo no mayor a 60 días.

Desde que se aprobó la moción de destitución por parte de la Asamblea Nacional hace más de 100 días, Yoon había estado suspendido de sus funciones. Su declaración de ley marcial el pasado 3 de diciembre, que incluyó el envío del ejército al Parlamento, fue considerada por el tribunal como una violación grave de la Constitución, violando no solo el derecho de los legisladores a deliberar y votar, sino también su inmunidad parlamentaria.

Durante la lectura del veredicto, el presidente interino de la corte, Moon Hyung-bae, dejó claro que la crisis política en la que se encontraba el país no justificaba los actos de Yoon. 'La situación en la Asamblea Nacional no podía ser utilizada como pretexto para ejercer poderes de emergencia', afirmó.

El tribunal también destacó el uso indebido de las fuerzas armadas con fines políticos por parte de Yoon, lo que representa una seria violación de la neutralidad política del ejército. Este escándalo ha incrementado aún más la polarización social y política en Corea del Sur, ya que miles de ciudadanos han salido a las calles en protestas masivas, mostrando un apoyo abrumador del 60% a la destitución del presidente.

La decisión ha sido recibida con júbilo por el principal partido opositor, que la ha calificado como una 'victoria del pueblo'. Por otro lado, el partido oficialista ha expresado que 'acepta humildemente' el fallo del tribunal.

El presidente interino, Han Duck-soo, ha prometido que su Gobierno trabajará para asegurar una transición de poder sin complicaciones, garantizando que no habrá vacíos en áreas críticas como la seguridad nacional y la política exterior durante el período de interinidad.

Este acontecimiento marca un punto de inflexión en la política surcoreana, lo que plantea inquietudes sobre el futuro liderazgo del país y su estabilidad política. Los analistas anticipan que el próximo periodo electoral será crucial para determinar el rumbo de Corea del Sur y la forma en que el nuevo gobierno manejará la crisis política actual.