La Corte Suprema ha expresado su profunda preocupación y frustración ante el drástico recorte presupuestario al Poder Judicial, lo que podría tener consecuencias devastadoras para su funcionamiento en el año 2025. Durante una sesión extraordinaria, los miembros del tribunal hicieron un llamado urgente para "revertir o aminorar los efectos dañinos" de este ajustado presupuesto.

En un detallado comunicado, la Corte desgranó las áreas que se verían más afectadas: los Gastos de Personal, el Programa de Rezago de Causas Judiciales, así como Bienes y Servicios de Consumo y la Adquisición de Activos no Financieros. Este recorte podría poner en grave riesgo la capacidad operativa de la institución, advirtiendo que limitará el presupuesto destinado a suplencias que cubren las ausencias de personal, ya sea por feriados o licencias médicas.

Además, el tribunal enfatizó que el acuerdo entre el Ejecutivo y el Congreso no solo reduce la capacidad de los tribunales, sino que también incrementa las ya abrumadoras cargas de trabajo. Los magistrados advirtieron que esto perjudica los escasos avances en los proyectos legislativos para aumentar la dotación de funcionarios, lo que hace prever que el déficit estructural de personal se mantendrá a corto y mediano plazo.

La Corte también subrayó que el recorte en la Adquisición de Activos no Financieros afectará negativamente la seguridad informática de la institución, poniendo en riesgo tanto el funcionamiento de los tribunales como el acceso a la justicia para los ciudadanos. Esto es alarmante, pues en un mundo cada vez más digital, la seguridad y eficiencia del sistema judicial son cruciales.

En lo que respecta a Bienes y Servicios, el máximo tribunal reveló que además del incremento de costos operativos, se avizora un efecto adverso por el aumento de la electricidad, lo que podría agravar el déficit en este rubro, que podría alcanzar la asombrosa cifra de 8 mil millones de pesos.

La ministra vocera, María Soledad Melo, también anticipó que los recortes en contrataciones significarán que no se podrán reemplazar a los funcionarios que están de vacaciones o con licencias médicas. "Si hacemos una estimación, el presupuesto solo cubrirá suplencias durante el primer semestre del año, y para el segundo semestre no habrá recursos disponibles para cubrir las necesidades del Poder Judicial", explicó Melo con preocupación.

La situación ya está afectando la operatividad dentro del sistema judicial. La falta de jueces y de funcionarios significará una mayor carga de trabajo y posible aumento de licencias médicas, todo esto reduciendo aún más la capacidad del sistema para atender a los ciudadanos que buscan justicia. Sin duda, esta crisis no solo afecta a los operadores del sistema, sino que impacta directamente en los usuarios del servicio judicial, quienes podrían enfrentar retrasos significativos en sus procesos legales. ¡Las alarmas están sonando! ¿Qué pasará si el recorte se mantiene?