El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, ha dejado claro su rechazo a una reciente propuesta aprobada por la Comisión de Presupuestos que busca excluir de la gratuidad a los estudiantes sancionados bajo la Ley Aula Segura.

Este proyecto, impulsado por parlamentarios de la oposición, pretende que aquellos jóvenes que hayan sido sancionados en diversos establecimientos educativos no sean elegibles para la educación superior gratuita. Este giro en la política educativa ha puesto de manifiesto las profundas diferencias entre el Gobierno y la oposición, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.

El ministro Cataldo argumentó que "cercenar" las oportunidades de estos jóvenes no es la solución adecuada para enfrentar la preocupante problemática de la violencia en las aulas, lo que ha generado un amplio debate sobre la efectividad de la Ley Aula Segura.

En sus palabras, advirtió que "se está cruzando una frontera de la que después no vamos a tener retorno", enfatizando la importancia de mantener la inclusión educativa, incluso en tiempos de crisis.

Por su parte, el diputado del Partido Republicano y miembro de la Comisión de Educación, Stephan Schubert, calificó la medida como "drástica", aunque reconoció que refleja las preocupaciones actuales del entorno educativo. Mientras tanto, Sergio Bobadilla de la UDI, quien también apoya la iniciativa, argumentó que es necesario tener una "mano firme" ante situaciones de violencia estudiantil.

Es vital recordar que el último grave incidente relacionado ocurrió en el Internado Nacional Barros Arana de Santiago, donde un grupo de estudiantes manipulaba bombas molotov, lo que resultó en graves quemaduras y algunos internados en estado crítico. Este tipo de eventos ha llevado a muchos a cuestionar la efectividad de las políticas vigentes y la necesidad de actuar con firmeza para garantizar la seguridad en las instituciones educativas.

La discusión sobre esta propuesta continúa, y se anticipa que polarizará aún más las posturas entre el Gobierno y la oposición, lo que podría impactar en la política educativa del país.