La Cámara de Diputados ha aprobado recientemente el presupuesto del Ministerio de Salud para el año 2025, que alcanza un impresionante total de 16 billones de pesos, convirtiéndose en el segundo monto más alto dentro de la Ley de Presupuestos. Sin embargo, la controversia ha estallado tras la decisión de rechazar las transferencias de capital que buscarían destinar recursos al sector privado.

Esta votación en la Sala también ha contemplado la reposición de servicios esenciales como Fonasa y Atención Primaria, así como programas específicos que incluyen Prestaciones Institucionales y Financiamiento de Hospitales por Grupo Relacionado de Diagnóstico.

Uno de los puntos más discutidos fue la exclusión de 317 mil millones de pesos en transferencias privadas y otros 517 millones destinados a la Dirección General de Concesiones, medida impulsada por la diputada Ana María Gazmuri (PAH), que ha despertado diversas reacciones entre los parlamentarios.

Además, la Cámara aprobó 11 indicaciones parlamentarias que establecen obligaciones adicionales para la cartera de Salud. La diputada Natalia Romero (IND) propuso que en el catastro nacional de pacientes con Diabetes Tipo I se incluya una evaluación de la canasta de tratamiento, especialmente para niñas, niños y adolescentes.

Por otro lado, se reforzarán las prestaciones oncológicas gracias a tres nuevas indicaciones de la diputada Carla Morales (RN), que incluyen la implementación de un Registro Nacional del Cáncer y una inversión de hasta 200 mil millones de pesos para reducir la lista de espera oncológica, tanto del GES como del no GES.

Una decisión polémica fue la propuesta del diputado Daniel Lilayú (UDI) de destinar parte de los recursos de Fonasa a la compra de mamógrafos móviles, lo cual ha generado debates sobre la prioridad de las inversiones en el sistema de salud.

En una movida aún más controvertida, la diputada Daniella Cicardini (PS) logró que se destinaran recursos para aumentar la seguridad en hospitales, pero en un giro inesperado, la Cámara también aprobó las indicaciones de varios diputados que prohíben el financiamiento estatal de terapias hormonales y operaciones de reasignación de sexo en menores de edad, lo que ha desencadenado un intenso debate en la sociedad.

Los diputados Andrés Celis y Miguel Ángel Becker han establecido una preferencia en la atención de salud para chilenos y extranjeros con situación migratoria regular, a excepción de casos de riesgo vital que aún generarán controversia.

El debate legislativo estuvo centrado en la crisis que atraviesa el sistema de salud. Legisladores de diferentes sectores expresaron su alarma ante la creciente lista de espera y la falta de recursos y especialistas. A pesar de que algunos resaltaron los avances en infraestructura, reconocieron que son insuficientes ante las necesidades actuales.

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, apuntó a los desafíos que enfrenta el sector, especialmente debido al envejecimiento de la población y el impacto residual de la pandemia. Durante su intervención, hizo hincapié en la reasignación de 590 mil millones de pesos para el sector Salud en 2024, destacando la urgencia en la construcción y reactivación de hospitales.

Aguilera también presentó un protocolo de salud que se enfocará en mejorar la atención primaria, reducir las listas de espera y potenciar la formación de nuevos especialistas, temas cruciales que se deben abordar en un contexto tan crítico.

¿Podrá el gobierno cumplir con estas promesas en un futuro cercano? La presión está sobre sus hombros.