Los parlamentarios de la Comisión de Seguridad de ambas cámaras del Congreso han expresado su profunda preocupación ante la alarmante ola de violencia que azota a Chile, instando al Gobierno a acelerar la tramitación de los proyectos de Reglas de Uso de la Fuerza e Infraestructura Crítica. Esta solicitud surge tras la reciente ola de homicidios, donde se reportaron cinco asesinatos en diferentes puntos del país, incluidos la Región Metropolitana y Arica, solo en la madrugada del domingo.

Lo más sorprendente es que, a pesar del incremento de estos incidentes violentos, el balance oficial de homicidios proporcionado por el Gobierno sigue sin actualizarse desde junio del año pasado. Esto ha dejado a la población en la incertidumbre, ya que los datos actualizados son cruciales para entender la magnitud del problema. La subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, ha señalado que las cifras deberían estar disponibles en las primeras semanas de abril, una promesa que muchos consideran insuficiente ante la gravedad de la situación.

La diputada Gloria Naveillán, presidenta de la Comisión de Seguridad, no ha dudado en criticar la falta de transparencia del Ejecutivo, afirmando que las cifras son erráticas y no reflejan la realidad que viven los chilenos. Su preocupación se suma al clamor general por un manejo más eficaz de la crisis de seguridad.

Paralelamente, el diputado independiente Jaime Araya ha hecho un ferviente llamado al Gobierno para que acelere la tramitación de las iniciativas propuestas, que continúan en el Senado sin avanzar.

Durante esta semana, la noticia del asesinato de un matrimonio en Graneros ha conmocionado al país, reavivando el debate sobre la pena de muerte, especialmente entre los sectores de derecha. La candidata presidencial de la UDI y RN, Evelyn Matthei, ha propuesto abrir una discusión sobre este tema, recordando su votación en contra de la abolición de la pena de muerte en 2001.

En la misma línea, Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario, ha presentado un proyecto de ley que busca aplicar la pena de muerte a quienes asesinen a funcionarios policiales o militares, mientras que José Antonio Kast, del partido Republicanos, aboga por una cadena perpetua efectiva en vez de la pena capital.

Este contexto de creciente violencia y la falta de respuestas claras por parte del Gobierno han generado un estado de alerta en la ciudadanía, que exige cambios urgentes en las políticas de seguridad pública. La presión sobre las autoridades se intensifica, y todos los ojos están puestos en cómo actuarán a continuación frente a una situación que desborda a las fuerzas del orden.