La administración del presidente Joe Biden ha lanzado una iniciativa decisiva que podría cambiar la forma en que conducimos: la prohibición del software desarrollado en China en todos los automóviles conectados a Internet en Estados Unidos.

Durante una conferencia de prensa el pasado 22 de septiembre, altos funcionarios del gobierno expusieron que esta medida nace de serias preocupaciones sobre la seguridad nacional. La administración busca prevenir que las agencias de inteligencia chinas obtengan información sobre los movimientos de los ciudadanos estadounidenses, así como utilizar la tecnología de los vehículos para acceder a infraestructuras críticas como la red eléctrica.

El Departamento de Comercio es el encargado de esta propuesta, que según el New York Times, podría convertirse en una regla permanente antes de que Biden termine su mandato el 20 de enero de 2025.

Este último movimiento sigue a la imponente imposición de aranceles del 100% a los vehículos eléctricos chinos, argumentando que estos están completamente subsidiados en su país de origen, lo que perjudica el empleo en Estados Unidos.

Jake Sullivan, el asesor de Seguridad Nacional, destacó que la conectividad de los vehículos modernos permite la recopilación masiva de datos sobre los conductores, algo que representa un riesgo inminente. El software instalado en estos automóviles interactúa con dispositivos personales y otros vehículos, abriendo la puerta a una multitud de nuevas vulnerabilidades.

"Los vehículos conectados pueden ser explotados, especialmente aquellos basados en tecnología de la República Popular China (RPC)", afirmó Sullivan, ilustrando la creciente preocupación sobre la ciberseguridad del país.

Fuentes del FBI y de la inteligencia estadounidense mencionan un inquietante proyecto llamado Volt Typhoon, a través del cual China supuestamente busca insertar código malicioso en sistemas esenciales, como el de energía y las tuberías de agua. En caso de un enfrentamiento, como un ataque a Taiwán, esto podría utilizarse para desestabilizar rápidamente a Estados Unidos.

La preocupación respecto a la tecnología china ha encontrado apoyo bipartidista, aunque muchos desarrolladores y expertos en tecnología de China sienten que estas acciones son excesivas y perjudican a los consumidores estadounidenses.

Analistas predicen que, independientemente del resultado de las elecciones presidenciales de noviembre, las restricciones a productos chinos, incluyendo chips y software, seguirán en aumento. Richard Fontaine, del Center for a New American Security (CNAS), señala que los responsables políticos son cada vez más conscientes de los riesgos que estas tecnologías representan para la seguridad nacional.

Aparte de la prohibición del software chino, la iniciativa también incluye el software ruso, a pesar de que Rusia no produce tecnologías de gran relevancia en este sector. Esto refleja las complejidades de un mundo donde cada vez más dispositivos conectados pueden ser utilizados de manera maliciosa.

Peter Harrell, ex director de economía internacional del Consejo de Seguridad Nacional, opina que los drones de fabricación china también deben ser objeto de evaluación, dado que representan riesgos adicionales en términos de seguridad y vigilancia.

De implementarse, la medida afectaría a una amplia gama de vehículos: automóviles, camiones, autobuses, entre otros, excluyendo sin embargo a los que operan fuera de las vías públicas, como los usados en actividades mineras o agrícolas.

Se espera que la prohibición del software chino y ruso en vehículos conectados o autónomos entre en vigor en 2027, con una perspectiva de prohibir también el hardware integrado en estos sistemas a partir de 2030. Gina Raimondo, secretaria de Comercio, enfatizó la necesidad de proteger a la población estadounidense de posibles riesgos de vigilancia.

Los datos que podrían ser recopilados a través del software chino incluyen información personal que podría poner en riesgo la privacidad y seguridad de los ciudadanos.

Este escenario abierto por la administración de Biden sienta un precedente que no solo tiene repercusiones en la industria automotriz, sino que también podría redibujar el paisaje de la tecnología y la seguridad en Estados Unidos para generaciones futuras.