Con un apretón de manos y una sonrisa contagiosa, el presidente de China, Xi Jinping, y la presidenta peruana, Dina Boluarte, inauguraron el Terminal Portuario Multipropósito, conocido como el megapuerto de Chancay. Este ambicioso proyecto promete conectar Sudamérica con Asia, transformando la economía de la región. ¿Pero a qué precio?

Pese al optimismo de la inauguración, la reacción no es unánime. Economistas advierten que este megapuerto le robará protagonismo a los puertos más tradicionales de Chile, como San Antonio y Valparaíso, así como al Canal de Panamá. La desconsoladora realidad es que Chile podría quedarse atrás debido a estas nuevas infraestructuras.

Sin embargo, las advertencias no terminan ahí. Un informe reciente de la Coalición Internacional contra las Economías Ilícitas (ICAIE), coescrito por Douglas Farah y Pablo Zeballos, destaca riesgos serios de seguridad. A través de sus hallazgos, se vislumbra una posible proliferación de drogas sintéticas que entrarían a la región y de grupos criminales que se desplazarían hacia los puertos chilenos ante un eventual relajamiento de las medidas de seguridad.

“Es probable que el puerto de Chancay, que funciona bajo parámetros anómalos que suelen acompañar a las inversiones estratégicas chinas, sea el catalizador de un cambio profundo tanto en el comercio lícito como en el ilícito de América del Sur”, detalla el estudio. El informe prevé que esta transformación podría generar nuevos ecosistemas delictivos que representarán desafíos estratégicos significativos para Estados Unidos y sus aliados en la región.

Las proyecciones no son para nada positivas. Douglas Farah, periodista y uno de los autores del informe, compartió en Radio Bío Bío su preocupación por los desafíos que enfrenta Chile y Sudamérica en general. “La inauguración del megapuerto de Chancay marcará un hito en las cadenas de suministro globales y en el equilibrio de poder entre las grandes potencias en el hemisferio occidental”, señala el análisis titulado “Entendiendo los desafíos estratégicos del puerto de Chancay en el contexto regional.”

La magnitud del impacto respecto a la propiedad del megapuerto, en gran parte controlado por Cosco Shipping (60%) y la empresa peruana Volcán (40%), está generando gran revuelo. Con la capacidad de recibir buques de mayor tonelaje, además de su ubicación a solo 80 km de Lima, se calcula que se reducirán los tiempos de traslado de productos en hasta 12 días. Eso representa un ahorro significativo para las empresas y podría convertir a Chancay en la nueva puerta de entrada a Sudamérica desde Asia.

Sin embargo, esto significa que otros puertos, como los de Chile, tendrán que mejorar drásticamente su eficiencia para poder competir. Un informe previo a la inauguración advierte que este hecho podría obligar a los puertos rivales a recortar gastos y, con ello, comprometer la seguridad.

El contexto se volvería aún más preocupante si se considera que grupos criminales podrían captar las oportunidades en esos puertos más vulnerables. La experiencia demuestra que bandas como el Tren de Aragua ya han demostrado ser astutas al identificar debilidades en los sistemas de seguridad, encontrando así nuevos nichos para sus actividades ilícitas.

Además, otro aspecto alarmante es la posible proliferación del tráfico de drogas sintéticas, generada principalmente por productos químicos que provienen de provincias de China. Estimaciones muestran que más del 80% de estos precursores se utilizan para fabricar drogas como fentanilo y metanfetamina, poniendo a Chancay en una posición de alto riesgo.

La llegada de nuevas rutas de transporte terrestre que facilitarán el acceso a países vecinos como Bolivia, Brasil y Paraguay también intensificará la preocupación sobre la circulación de economías ilegales, que incluyen desde minería y cultivo de hoja de coca hasta narcotráfico y contrabando de especies.

¿Puede Chile contener esta potencial ola de crimen y narcotráfico que se avecina tras el megapuerto? La respuesta parece depender de una vigilancia extrema y la implementación de medidas coordinadas entre regiones. Sin duda, los efectos colaterales de este ambicioso proyecto no solo impactarán la economía, sino también la seguridad y el tejido social de varios países sudamericanos.