En un impactante giro de los acontecimientos, dos abogados de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones (SeremiTT) de la región del Biobío han sido llamados a rendir cuentas por su defensa a una mujer involucrada en el atropello mortal de un joven de 18 años, Martín González Stuardo, quien perdió la vida el pasado 6 de noviembre de 2023 en Chiguayante.

La imputada, la enfermera Sandra Vallejos Robles, conducía a una velocidad exorbitante y enfrenta graves cargos bajo la 'Ley Toreto', que establece penas de hasta 10 años de cárcel para quienes causen la muerte de una persona al superar en más de 60 km/h el límite de velocidad.

Los abogados Boris Merino Lavanchy y Harold Bahamondes Llano defendieron a Vallejos durante más de cinco meses, incluso presentando escritos en horarios laborales. Merino Lavanchy es el encargado de la Unidad Legal de la SeremiTT, lo que ha suscitado preocupaciones sobre un posible conflicto de intereses, dado que su trabajo está vinculado a la prevención de incidentes automovilísticos.

Después de que la madre de Martín, Luisa Natalia Stuardo Figueroa, denunciara la situación, los abogados renunciaron a la defensa el 5 de septiembre de 2024, poco después de que se celebrara una audiencia donde se resolvió retener parte de los fondos de la imputada que provenían de la venta de su vehículo. Hasta ese momento, la defensa había presentado varios escritos y un recurso ante la Corte de Apelaciones de Concepción.

El impacto de este caso ha reverberado más allá del ámbito legal. Luisa, madre de la víctima, ha creado la Corporación Martín por la Vida, que busca apoyar a familias víctimas de accidentes viales y concienciar sobre la importancia de la seguridad en las carreteras.

Su lucha por justicia ha puesto de relieve no solo el dolor personal de una madre que ha perdido a su hijo, sino también una llamada de atención sobre las normas de tránsito y la responsabilidad de los conductores.

En cuanto al caso en sí, la investigación ha generado disparidades en las peritaciones sobre la velocidad que llevaba Vallejos al momento del atropello. Mientras las investigaciones iniciales estimaron que la velocidad era de aproximadamente 90 km/h, un peritaje privado solicitado por la familia de Martín halló que la imputada conducía a más de 130 km/h. Este último hallazgo ha sido clave para que la fiscalía formalizara cargos en su contra.

La situación ha llegado a ser tan delicada que ha llamado la atención de los medios, al mismo tiempo desatando un debate sobre la integridad de las instituciones encargadas de velar por la seguridad vial y la justicia.

La medida cautelar impuesta a Vallejos exige firma mensual y restricción de salida del país, mientras el proceso penal avanza, con la sociedad en la expectativa de que se haga justicia para Martín.

La voz de Luisa Natalia resuena con fuerza: "Mi hijo no falleció porque cruzó mal, mi hijo falleció producto del impacto, por la velocidad que llevaba la conductora en ese momento. Cuando conducimos un auto llevamos un arma, y es nuestra responsabilidad manejar con cuidado y respeto por la vida de los demás". A medida que el juicio se desarrolla, queda claro que la búsqueda de la verdad y la justicia es más relevante que nunca.