Vox ha admitido recientemente que su campaña electoral para las elecciones municipales y generales del año pasado fue financiada mediante dos préstamos que suman un total de 9,2 millones de euros, provenientes de un banco húngaro cercano al primer ministro Viktor Orbán. Este dato fue adelantado por EL PAÍS el 16 de septiembre, y su portavoz en el Congreso, Pepa Millán, defendió la decisión señalando la dificultad para obtener financiación dentro de España y el retraso en el pago de subvenciones por parte del Gobierno.

En un giro sorprendente, la publicación VSquare reveló que el banco en cuestión es Magyar Bankholding (MBH), una entidad que nació de la fusión de tres bancos y cuyo principal accionista, Lőrinc Mészáros, es un conocido amigo de la infancia de Orbán. Este magnate no solo ha sostenido vínculos con algunos de los partidos ultraderechistas de Europa, sino que en ocasiones ha financiado campañas políticas, como la de Marine Le Pen en Francia.

Fuentes de Vox han confirmado que el préstamo se dividió en dos partes: una de 6,7 millones de euros y otra de 2,6 millones, cantidad que ya ha sido completamente devuelta. No obstante, el partido cometió la grave omisión de no revelar la procedencia del banco en las cuentas aprobadas por sus afiliados en junio, violando así el artículo 14.8 de la Ley de Financiación de Partidos Políticos. Esta disposición establece la obligatoriedad de que los partidos informen sobre sus créditos, incluyendo detalos de la entidad prestadora, importe y condiciones, para evitar prácticas ilegales relacionadas con la financiación.

Cuando se interrogó a un portavoz de Vox sobre esta falta de transparencia, la respuesta fue que no deseaban contribuir a la 'demonización' de los bancos, dejando entrever la preocupación por la reputación de la entidad húngara. A pesar de ello, al momento no se mencionó la supuesta dificultad para acceder a créditos nacionales.

Además, es relevante mencionar que Vox dejó en julio el grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) para unirse al nuevo grupo Patriotas por Europa, también alineado con Orbán. Esta decisión ha generado reacciones ya que la mudanza consolidó la influencia del grupo de Orbán en el Parlamento Europeo, convirtiéndose en la tercera fuerza, mientras que el ECR pasó a ser el cuarto.

La situación ha provocado un fuerte debate en España sobre la financiación de los partidos políticos y sus vínculos con entidades extranjeras. Con movimientos estratégicos en Europa y la aceptación de fondos húngaros, Vox se enfrenta a una importante presión pública y política por la opacidad en sus finanzas, que podría tener consecuencias a largo plazo en su imagen y apoyo electoral. ¿Estamos ante un cambio irreversible en la política española o Vox logrará salir a flote a pesar de la tormenta?