El partido Vox no se rinde y ha decidido mantener su convocatoria en el polémico centro de menores extranjeros no acompañados (menas) de Hortaleza, desafiando así la prohibición impuesta por el Gobierno. La Delegación del Gobierno en Madrid ha declarado esta manifestación de alto riesgo y ha expresado su preocupación por posibles altercados, pero Vox sostiene que no se trata de una manifestación, sino de una declaración pública ante los medios de comunicación.

Este desafío surge tras un grave incidente reportado: la violación de una niña de 14 años presuntamente por un joven marroquí de 17 años, un hecho que ha encendido la indignación de Vox y sus seguidores. La Delegación del Gobierno, liderada por el socialista Francisco Martín, argumenta que la decisión de prohibir la convocatoria se basa en informes policiales que advierten sobre un elevado riesgo de alteración del orden público, especialmente a la luz de recientes altercados que involucraron a menores inmigrantes.

En su comunicado, la Delegación enfatiza su compromiso de proteger los derechos de los menores y la seguridad ciudadana, citando la ley que protege la intimidad de los tutelados.

Sin embargo, Vox se siente respaldado y asegura que no registró una concentración, sino simplemente una declaración pública de su portavoz, Isabel Pérez Moñino, y la diputada Rocío de Meer. Desde el partido se defienden diciendo: "No se necesita permiso para hacer declaraciones en la calle" y han respondido a la violación de la menor con este acto.

La convocatoria enfatiza la creciente inseguridad: "¡Basta ya de inseguridad! Los vecinos de Madrid exigen seguridad en sus calles. Una niña de solo 14 años ha sido víctima de una violación. ¿Dónde estará el próximo caso?", cuestionan, dirigiéndose a sus simpatizantes y culpan al PP y al PSOE por no actuar.

Esta situación marca un tenso inicio del año político en Madrid, donde el choque entre el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, el Ejecutivo central y Vox promete intensificarse. La comunidad autónoma ha endurecido su postura y ya ha preparado 37 expedientes para la repatriación de menores inmigrantes conflictivos, aunque ninguno ha sido procesado todavía.

El cruce verbal no se ha hecho esperar. El Gobierno de Pedro Sánchez acusa a Ayuso de seguir los pasos de Vox y de alimentar discursos de odio. A su vez, Vox aprovecha esta situación para criticar tanto al PP como al PSOE, recordando sus posturas ideológicas y exigiendo medidas más drásticas contra la inmigración irregular.

"Esa niña es víctima de las políticas de Sánchez y del sistema de migración del bipartidismo", concluyó el líder de Vox este lunes, dejando claro que la contienda política en Madrid apenas comienza.