El Ministerio del Interior de España ha decidido aplazar la implementación de requisitos más estrictos en el registro de viajeros, que tenía programado entrar en vigor el 2 de diciembre. Tras una reunión clave con representantes del sector turístico, incluyendo hoteles y agencias de viajes, el ministerio liderado por Fernando Grande-Marlaska ha acordado que, aunque el registro comenzará en la fecha prevista, no se exigirán nuevos datos adicionales a los que ya están en uso.

Esto significa que a partir del próximo mes, los hoteles, agencias de viajes y compañías de alquiler de vehículos solo tendrán que cargar en la aplicación oficial aquellos datos que ya recogen, en línea con lo establecido en el Real Decreto 933 de 2021, el cual estipula 42 campos de información sobre los huéspedes. Sin embargo, se ha dejado de lado el conjunto de datos más controvertidos, que incluye detalles como las fechas y horas de entrada y salida, además de información financiera como el número de tarjeta de crédito y el IBAN.

El enfoque de esta decisión es un intento de buscar un equilibrio entre las demandas del sector turístico y las intenciones del Ministerio del Interior. Por otro lado, el Ministro ha confirmado que se elaborará una orden ministerial en el futuro, en diálogo con los representantes del sector, para abordar estos datos que aún generan incertidumbre.

Las reacciones del sector turístico han sido mixtas. La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) ha expresado su satisfacción al señalar el compromiso de una colaboración estrecha entre el sector y las autoridades. Sin embargo, las agencias de viajes, representadas por Acave, Fetave y UNAV, han criticado el desenlace de la reunión, argumentando que se ignoraron los riesgos que habían presentado, lo que, a su parecer, podría desencadenar un "escenario crítico".

Además, los opositores al nuevo registro argumentan que este podría representar una invasión a la privacidad de los turistas y una carga administrativa desproporcionada, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, que ya enfrentan desafíos significativos. Ante esto, las patronales han anunciado su intención de lanzar una campaña informativa para educar a las agencias sobre el impacto del nuevo registro, advirtiendo que la recopilación de información adicional podría complicar aún más la operación de sus negocios.

Con esta medida, el Ministerio del Interior parece haber hecho un movimiento estratégico para equilibrar la seguridad nacional con los intereses del turismo, un sector vital para la economía española, especialmente en un momento en que la industria busca recuperarse de los estragos provocados por la pandemia. Sin embargo, el futuro de la regulación y su posible impacto sigue siendo un tema candente de discusión entre todos los actores involucrados.