Antonio Acosta, director de Costas del Gobierno de Canarias, ha declarado que “hay que derribar” los núcleos costeros que han proliferado en la ilegalidad. Estos núcleos, según Acosta, han crecido “sabiendo que están en dominio público maritimo-terrestre” y han ignorado la necesidad de legalizar su situación, continuando con la construcción sin consideración alguna por la legislación vigente.

Antes de una reunión crucial con los 14 municipios costeros de Gran Canaria, donde se discutirá la gestión del litoral, Acosta intervino en un encuentro que contó con la participación de Inés Miranda, consejera insular de Política Territorial y Paisaje. Este diálogo se repetirá próximamente en otras islas como Tenerife y El Hierro. Entre los casos discutidos, se mencionaron contenciosos legales por deslindes que, según su opinión, no son conformes con la legalidad, destacando ejemplos como Salinetas y Yaiza en Lanzarote.

El Gobierno regional se mantiene firme en su postura sobre estos conflictos, similar a la defensa que realizaron en el caso del Hotel Oliva Beach. Acosta subrayó que “una parte es una agresión a las competencias del Gobierno canario, además de ir en contra de los intereses de diversas personas.” Sin embargo, se debe recordar que el permiso del Oliva Beach fue otorgado por el Gobierno central, el cual posteriormente caducó al no cumplirse las condiciones estipuladas.

El Consejo de Estado ratificó que la competencia sobre estos permisos recae en el Estado, y no en el Gobierno canario, un tema que también fue sustentado por el Tribunal Constitucional. Ante esta situación, Acosta enfatizó la complicada realidad de los vecinos que se ven atrapados en un marco legal injusto que amenaza su forma de vida.

Para abordar el problema de los núcleos costeros, el Gobierno canario ha solicitado un informe jurídico a la Universidad de La Laguna, que incluye la realización de un censo exhaustivo, casa por casa. Este censo requerirá un esfuerzo adicional de planificación y una inversión significativa, pero es esencial para comprender cómo la Ley de Costas afecta a cada uno de los inmuebles.

El director de Costas apuntó que, aunque muchos han construido pese a estar en dominio público, es crucial abordar los casos con sensibilidad, considerando que algunos núcleos costeros poseen historia, patrimonio y son parte integral de la vida canaria. “No pedimos un incumplimiento de la Ley de Costas, sino una interpretación más amable de la misma”, concluyó Acosta, dejando abierta la posibilidad de una solución más humanitaria para aquellos inmuebles que forman parte del legado cultural de Canarias.