El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha anunciado hoy una decisión que marca un hito en la atención a los menores migrantes: el Gobierno ha decidido retirar el recurso que había interpuesto contra las medidas cautelares del Tribunal Supremo, que obligaban al Estado a hacerse cargo en un plazo de 10 días de más de 1.000 menores migrantes bajo la tutela de los servicios de protección de Canarias.

Este anuncio se realizó durante una rueda de prensa en Barcelona, donde se celebró la segunda sesión de la Comisión Sectorial de Justicia, en presencia del conseller de Justicia de Catalunya, Ramon Espadaler.

Según informaciones publicadas, la Abogacía del Estado había afirmado que la responsabilidad de la acogida de esos menores correspondía específicamente a la comunidad autónoma canaria, sin importar si los menores habían solicitado protección internacional. Sin embargo, tras una "productiva" reunión entre el Gobierno central y el de Canarias, Bolaños confirmó la retirada del recurso, evidenciando un esfuerzo conjunto para abordar la situación.

El Tribunal Supremo había dictado medidas cautelares, estableciendo un plazo de 10 días para que el Gobierno de España, en colaboración con el Gobierno de Canarias, asegurara una acogida digna a todos los menores migrantes que pidieran protección internacional o que estuvieran en condiciones de hacerlo. Esta decisión no solo representa un paso adelante en la protección de los derechos de los menores, sino que también podría sentar un precedente para futuros casos de migración en el país.

"La reunión celebrada el jueves entre ambos gobiernos ha sido un claro ejemplo de lealtad institucional y buena fe en la búsqueda de soluciones", declaró Bolaños, resaltando la importancia del diálogo y la cooperación en la resolución de conflictos. La decisión de retirar el recurso refleja el compromiso del Gobierno de España para trabajar en conjunto con comunidades autónomas en temas de gran sensibilidad social como la migración.

La situación de los menores migrantes es crítica, y organizaciones de derechos humanos han estado llevando a cabo campañas para exigir soluciones efectivas. La retirada del recurso podría facilitar nuevas oportunidades de asistencia y protección para miles de niños que huyen de situaciones de crisis en sus países de origen. Sin embargo, la comunidad y el Gobierno ahora se enfrentarán al reto de garantizar que estos menores reciban la atención y el apoyo que tanto necesitan. ¡El futuro de estos niños está en nuestras manos!