VALENCIA. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha tomado la sorprendente decisión de inadmitir las querellas y denuncias presentadas contra Carlos Mazón, presidente de la Generalitat, en relación con su gestión durante la devastadora Dana del 29 de octubre. Esta resolución se da a conocer días después de que la Fiscalía indicara la necesidad de esclarecer la situación, pero concluded que el caso debería continuar en un juzgado ordinario.

Es importante recordar que las querellas provienen de diferentes grupos, incluyendo Iustitia Europa, varias denuncias de particulares, así como de la CGT PV y FETAP-CGT. En total, se han presentado tres querellas y cuatro denuncias; la mayoría está dirigida exclusivamente hacia Mazón, mientras que algunas también mencionan a la exconsellera de Emergencias, Salomé Pradas, quien fue destituida tras la trágica riada. Esta situación ha desatado numerosas especulaciones sobre la responsabilidad directa de los altos funcionarios en la respuesta ante esta crisis.

La decisión del TSJCV se basa en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que exige la existencia de "indicios cualificados" para retirar un caso de su juzgado ordinario. La Sala ha señalado que no encuentra pruebas objetivas y contundentes dentro de las denuncias que puedan justificar su intervención en este momento. De este modo, los magistrados argumentan que las imputaciones, en su mayoría, son el resultado de una relación causa-efecto que argumenta más sobre la frustración social que sobre acciones concretas que puedan atribuirse a los denunciados.

"El TSJCV no es ajeno a la tragedia", enfatizan los magistrados, resaltando que la responsabilidad de las autoridades es crucial para evitar desastres. Sin embargo, también aclaran que no han encontrado la prueba tangible necesaria para avanzar en las investigaciones a nivel superior. A pesar de esta resolución, la posibilidad de que los denunciantes inicien acciones penales en un juzgado de instrucción sigue abierta.

Esto significa que, aunque las denuncias han sido inadmitidas en este tribunal, los ciudadanos aún pueden hacer valer sus derechos a exigir responsabilidades por la gestión de emergencias. Este caso ha abierto un debate importante sobre la rendición de cuentas de los altos funcionarios durante situaciones de crisis, un tema que sin duda seguirá resonando en la presión pública y los medios de comunicación.