En Valladolid, la Policía Nacional ha llevado a cabo la detención de un empresario del sector agrícola que se dedicaba a la explotación de trabajadores extranjeros en situación irregular. Estos hombres y mujeres eran obligados a trabajar jornadas de más de diez horas diarias, de lunes a domingo, sin contrato y alojados en condiciones deplorables.

La operación, conocida como ‘Baco’, se inició el 27 de septiembre gracias a una colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Valladolid. Las investigaciones revelaron que el empresario, de nacionalidad española, explotaba a estos trabajadores, quienes estaban atrapados en un ciclo de abuso que rayaba en la semiesclavitud. Se encontraron al menos cinco víctimas viviendo en una infravivienda en ruinas, donde las condiciones eran inhumanas, con humedades, insectos, y sin acceso a agua caliente o calefacción.

Los trabajadores, por los que el empresario pagaba apenas siete euros la hora, ni siquiera contaban con derechos laborales básicos: no tenían días libres ni descansos, y estaban obligados a trabajar, incluso cuando estaban enfermos. Todo ello se complicaba aún más por la promesa vacía de un contrato a largo plazo que supuestamente les permitiría regularizar su situación, una promesa que nunca se cumplió a pesar de que algunos llevaban años trabajando para él.

Lo más alarmante de esta situación es que, además de las condiciones laborales extremas, el empresario les cobraba 2,50 euros diarios por el transporte al campo y descontaba 200 euros mensuales de su ya bajo salario para el alojamiento. En esta infravivienda, llegaron a compartir espacio hasta 15 personas durante la temporada alta, lo que acentuaba el nivel de explotación.

Las autoridades han destacado que estos trabajadores son ciudadanos extranjeros en situación de vulnerabilidad extrema, lo que les ha llevado a aceptar condiciones abusivas para poder subsistir y mantener a sus familias. Este caso no solo revela la explotación laboral en el campo español, sino que también pone de manifiesto la urgente necesidad de proteger los derechos de los trabajadores inmigrantes.

La Policía Nacional continúa con las investigaciones, y no se descartan más detenciones en el marco de esta operación. Este escándalo es un llamado de atención sobre las prácticas abusivas que ocurren en el sector agrícola y la importancia de la intervención gubernamental para terminar con la explotación laboral.