La situación en España tras las devastadoras consecuencias de la DANA continúa siendo crítica. Según la última actualización oficial, el número de víctimas mortales ha alcanzado la cifra alarmante de 222, mientras que 36,803 personas han sido rescatadas, 82 de ellas en las últimas horas. La mayoría de las víctimas provienen de la Comunitat Valenciana, sumando 214, seguidas de Castilla-La Mancha con 7 y Andalucía con 1.

En medio de esta crisis, la vicepresidenta de la Comunidad Valenciana, Susana Camarero, ha afirmado que no es momento para dimisiones, sino para trabajar en la recuperación y restablecimiento de la normalidad en la vida de las personas afectadas. Su preocupación también se extiende a los disturbios ocurridos durante una manifestación en Valencia, donde se denunciaron agresiones a la Policía Nacional.

Ángel Víctor Torres, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, ha resaltado que se están llevando a cabo trabajos día y noche para mantener abiertas las infraestructuras viales y ferroviarias. Anunció que la carretera N330 estará habilitada a partir de mañana, con otras rutas y el servicio del AVE en proceso de recuperación durante esta semana.

En un Comité de crisis del Gobierno, el presidente Pedro Sánchez subrayó la importancia de extraer el lodo y los residuos de las áreas afectadas. En este contexto, el Gobierno desplegó un amplio dispositivo de ayuda que incluye 10,000 agentes de Policía y Guardia Civil y más de 2,600 vehículos militares. Además, se han entregado litros de agua y raciones de alimentos a los damnificados.

Este lunes, el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar un 'escudo laboral' para apoyar a los trabajadores afectados por la DANA, que incluye beneficios como permisos con el 100% del salario. Esta medida se suma a la ayuda de 10,600 millones de euros aprobada anteriormente.

El descontento popular ha sido palpable, con una manifestación masiva de 130,000 personas en Valencia exigiendo la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Los manifestantes, en su mayoría ciudadanos de diversas ideologías, clamaban por un cambio rotundo ante lo que consideran una gestión incompetente de la crisis.

No obstante, la situación se tornó violenta cuando un pequeño grupo de manifestantes intentó incendiar el Ayuntamiento de Valencia. El manifiesto de los organizadores acusó a Mazón de "poner en peligro miles de vidas" en favor de intereses empresariales.

En un intento de pacificar la situación, los operarios municipales comenzaron la limpieza de las fachadas del Ayuntamiento y del Palau de la Generalitat, retirando objetos y carteles dejados por los manifestantes. Sin embargo, las secuelas de este trágico evento aún marcan a la sociedad valenciana, que ahora exige respuestas y una gestión efectiva en tiempos de crisis.