La llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos prometía una ola de cambios radicales en el país. No solo se trataba del paso de un gobierno demócrata a uno republicano, sino que también incluía un conjunto de medidas drásticas que se anticipaban en su propuesta electoral. Más allá de sus controvertidas políticas migratorias, uno de los aspectos más destacados de su agenda era la transformación del sistema educativo del país. Como primer paso de su plan, Trump ha expresado su intención de eliminar el actual Departamento de Educación.

Durante un mitin en Wisconsin, el presidente electo se refirió al departamento como "un símbolo de la sobreextensión federal en la vida diaria de las familias estadounidenses". En su crítica, aseguró que el departamento operaba como "una máquina de adoctrinamiento", que impone ideologías que muchos padres no desean que sus hijos escuchen. Además, acusó a la entidad de malgastar el dinero de los contribuyentes.

Esta propuesta forma parte de su ambicioso "Proyecto 2025", el cual se asemeja a su anterior lema MAGA (Make America Great Again). En el núcleo de este proyecto se encuentra una noción conocida como "teoría del ejecutivo unitario", en la que todos los departamentos gubernamentales, incluyendo el de Educación, estarían bajo el control directo de la presidencia. Esto implicaría no solo la desmantelación del departamento, sino también la eliminación de las protecciones laborales de miles de empleados públicos.

Antes de la creación del Departamento de Educación en 1979, la educación federal estaba administrada por diversas agencias. Fue durante la presidencia de Jimmy Carter que este departamento fue establecido, convirtiéndose en una agencia de nivel de gabinete y dando cumplimiento a una promesa electoral del entonces presidente.

Las funciones del Departamento de Educación son cruciales; gestiona fondos asignados por el Congreso para las escuelas de educación primaria y secundaria, supervisa los programas de préstamos estudiantiles y ayuda financiera, y se encarga de la regulación de colegios y universidades que reciben financiamiento federal, como el famoso programa de Beca Pell.

Los 28,000 millones de dólares anuales proporcionados por programas federal llegan a las escuelas, aunque es relevante destacar que solo representan una pequeña parte del financiamiento total, ya que la mayoría proviene de impuestos estatales y locales. Esto plantea la pregunta: ¿podría Trump realmente hacer realidad su objetivo de cerrar el Departamento de Educación y cumplir sus promesas electorales?

De ser así, el impacto sería monumental. “Una de mis primeras acciones será cerrar el Departamento de Educación en Washington y transferir el control del sistema educativo a los estados”, anunció Trump. Argumentó que, a pesar de gastar más por estudiante que cualquier otro país, la calidad de la educación sigue siendo deficiente, colocándonos en el fondo de la lista. "Difícilmente podríamos hacer las cosas peor. Acabaremos con el sistema educativo federal y cerraremos estas oficinas donde, incluso, hay individuos que no tienen interés en el bienestar de nuestros hijos”, afirmó el magnate.

Este anuncio ha generado un intenso debate sobre el futuro de la educación en Estados Unidos, así como sobre la capacidad de Trump de llevar a cabo una medida tan controvertida. La comunidad educativa está en alerta máxima mientras se preguntan cuáles podrían ser las consecuencias de un posible colapso del sistema educativo federal.