El gobierno de Francia, bajo el liderazgo de Emmanuel Macron, se encuentra en intensas negociaciones con diversos países de la Unión Europea con el fin de crear una coalición que se oponga a las recientes decisiones de la Comisión Europea, encabezada por Ursula Von der Leyen. El propósito de esta estrategia es evitar que se apliquen sanciones severas a los fabricantes de automóviles que no puedan cumplir con los ambiciosos objetivos de reducción de emisiones de dióxido de carbono que entrarán en vigor en 2025.

Este lunes, Francia ha manifestado su apoyo decidido a la industria automotriz, con especial énfasis en el grupo Renault, del cual posee una participación mayoritaria del 15,01%. Este respaldo es crucial, ya que Renault se encuentra en una complicada relación con su socio japonés Nissan, que tiene el 15% de acciones en Renault, mientras que también es importante mencionar que Renault posee el 34% de Nissan. El Gobierno francés ha expresado su intención de desafiar a la Unión Europea para que, a partir del 1 de enero, los fabricantes europeos no enfrenten lo que ellos llaman sanciones "multimillonarias" por no cumplir con los límites de emisiones de CO₂.

Sin embargo, en el sector automotriz de Francia existe una división palpable. Mientras que Renault aboga por una suspensión de las sanciones por un periodo de dos años, el grupo Stellantis, que engloba marcas icónicas como Peugeot, Citroën y DS, se opone a tal medida. Carlos Tavares, presidente de Stellantis, ha ido más allá al afirmar: "Modificar las regulaciones europeas en este momento sería absurdo". De manera reciente, otros países como Italia y República Checa se han alineado con la postura francesa, además de indicar que Alemania también apoya estas preocupaciones.

El nuevo marco de emisiones en Bruselas

Con el firme objetivo de reducir las emisiones, la Comisión Europea ha establecido un nuevo límite de 93,6 gramos de CO₂ por kilómetro para todos los vehículos que los fabricantes comercialicen en la Unión Europea entre 2025 y 2029. No obstante, los fabricantes critican este objetivo, considerándolo prácticamente inalcanzable. El promedio de emisiones en Europa se situó el año pasado en 106 gramos, y en el caso específico de los automóviles matriculados en España durante el 2023, la cifra alcanzó los 117 gramos.

Esto implica que el sector automotriz deberá reducir su promedio a 93 gramos. Si no lo logran, las sanciones se aplicarán con un costo de 95 euros por cada gramo que supere el límite. Por ejemplo, una empresa que venda un millón de vehículos en la UE y supere el límite en 10 gramos se vería obligada a pagar una multa astronómica de 950 millones de euros. Si la superación fuese de solo 5 gramos, la penalización se reduciría a la mitad, pero aún así es una carga monumental.

Mensajes del ministro francés

Antoine Armand, titular del Ministerio de Economía y Finanzas, expuso su propuesta antes de la reunión de Ministros de Economía y Finanzas (Ecofín), que se inició este lunes y concluirá el martes. En declaraciones a Les Echos, Armand sostuvo que "los fabricantes de automóviles que realmente están comprometidos con la electrificación de sus vehículos no deberían enfrentar sanciones". Además, enfatizó que defenderá esta postura junto con el ministro de Industria, Marc Ferracci, ante la Comisión Europea.

Ferracci puntualizó que Francia espera que Bruselas presente "una solución específica que permita a los verdaderos protagonistas de esta transición evitar penalizaciones relacionadas con el año 2025, sin poner en peligro nuestro compromiso hacia la descarbonización en movilidad".

Reacciones en el sector

En medio de esta tensión, los fabricantes y varios gobiernos europeos han expresado que las sanciones económicas desviarán recursos cruciales que podrían ser mejor invertidos en el avance de la electrificación del transporte. Esta situación podría comprometer la competitividad de la industria automotriz europea frente a sus contrapartes en Estados Unidos, así como también en China, Japón y Corea del Sur.

Luca de Meo, director ejecutivo de Renault y presidente de ACEA, la asociación europea de fabricantes de automóviles que no incluye a Stellantis ni a Volvo, ha alzado la voz contra las sanciones. Criticó a Bruselas por ignorar la situación actual del mercado europeo, que muestra señales de alejarse de la preferencia por vehículos eléctricos. Este descontento ha encontrado apoyo en el gobierno francés, que sigue firme en su defensa de la industria.