La Fiscalía de Ecuador ha revelado este martes una noticia desgarradora: los cuerpos calcinados encontrados en la base militar de Taura corresponden efectivamente a los cuatro menores que desaparecieron el 8 de diciembre en Guayaquil. Esto ocurre tras la aprehensión de los chicos por 16 soldados, quienes ahora enfrentan un pedido de prisión preventiva por parte de la justicia.

La familia de los menores, que entregó muestras sanguíneas la semana pasada para confirmar la identidad, se siente devastada. Ismael y JosuÉ Arroyo, de 15 y 14 años, y sus amigos Saúl Arboleda, de 15, y Steven Medina, de solo 11 años, desaparecieron mientras jugaban al fútbol en el barrio Las Malvinas. La situación se tornó crítica cuando se hizo viral un video que muestra cómo los militares los detuvieron cuando caminaban cerca de un centro comercial.

Los soldados los trasladaron a Taura, una base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana ubicada a unos 30 kilómetros de Guayaquil. Desde esa noche, los menores no fueron vistos ni escuchados, y aunque los militares aseguraron que los dejaron con vida, no se logró ninguna prueba que apoyara esta afirmación.

En una intensa audiencia judicial, una jueza determinó que la desaparición debía ser investigada como una acción 'forzada' con 'responsabilidad del Estado'. Este fallo se logró luego de que se aceptara un hábeas corpus presentado por las familias de los menores, quienes sostenían que los protocolos de detención no fueron seguidos durante el operativo militar.

El ambiente en la sede judicial de Guayaquil fue abrumador. Gritos y llantos de los familiares resonaban mientras se presentaban los cargos. Las familias no solo de los desaparecidos, sino también de los soldados, se encontraron en el mismo lugar, lo que llevó a momentos de tensión y confrontación entre ambos grupos. Muchos familiares de los menores increparon a quienes apoyaban a los soldados, mostrando su indignación y dolor.

Abraham Aguirre, un abogado que representa a organizaciones de derechos humanos, declaró: 'La prueba de ADN ha confirmado lo que temíamos desde el principio: estos cuerpos son de los cuatro niños desaparecidos'. Las implicaciones de este caso son profundas y han generate indignación a nivel nacional, poniendo en el foco de atención la responsabilidad del Estado en la desaparición y la vida de los menores.

Este trágico suceso también ha suscitado debates sobre la seguridad y el uso de la fuerza militar en situaciones de civiles, lo que ha dejado a la sociedad ecuatoriana preguntándose: ¿Qué más tiene que pasar para que se respeten los derechos de nuestros jóvenes?