VALENCIA. La reciente resolución del Tribunal Constitucional podría alterar drásticamente los presupuestos de las administraciones públicas en España, incluyendo la Generalitat Valenciana. El alto tribunal ha decidido admitir a trámite un recurso interpuesto por el sindicato CSIF en contra de una decisión del Congreso de los Diputados que, en mayo del año pasado, desechó tramitar una Iniciativa Legislativa Popular para que los empleados públicos recuperaran su estructura salarial previa a los recortes de 2010.

¿Recuerdas la crisis de la burbuja inmobiliaria? Hace 15 años, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero implementó un Real Decreto con medidas extraordinarias para reducir el déficit público. Entre estas medidas, se incluyó una importante reducción en las pagas extras que recibían los funcionarios en junio y diciembre, afectando su salario base y dejando a muchos con entre un 5% y un 10% menos en sus ingresos. Un funcionario que cobraba 900 euros mensuales, en lugar de recibir 1.800 euros en esas fechas, se quedaría con aproximadamente 1.755 euros tras la reducción.

Los recortes impactaron a más de 2,5 millones de funcionarios en todo el país, desde administraciones estatales hasta locales. La magnitud de la compensación que las arcas públicas tendrían que desembolsar, en caso de que el Constitucional respaldara el recurso, podría ser colosal, estimándose cerca de 30.000 millones de euros según cálculos del sindicato. Para tener una idea, la paga extra se ha visto reducida en un promedio de 1.600 euros al año para los funcionarios del grupo A1, de 1.020 euros en el grupo A2 y 500 euros en el grupo C1, sumando a esto la preocupante pérdida del 20% del poder adquisitivo desde 2010.

La admisión del recurso, dada el 2 de diciembre de 2024, subraya la especial trascendencia constitucional del asunto, dada su posible repercusión en la política pública. El TC ha solicitado a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que envíe la certificación del expediente correspondiente, un paso vital en este proceso.

El rechazo inicial de la ILP por parte de la mesa del Congreso se justificó con posibles repercusiones presupuestarias, aunque el TC argumenta que esta razón no está prevista en ninguna de las normativas actuales como motivo suficiente para inadmitir la propuesta.

Si el Tribunal diera la razón a CSIF, esta decisión permitiría la recuperación de la paga extra íntegra, lo que tendría un impacto significativo no solo en los funcionarios del Estado, sino también en los de la Generalitat, municipios, y otras entidades públicas, como la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Los miles de empleados que llevan años luchando por recuperar su poder adquisitivo están atentos a lo que podría ser un cambio monumental en su situación financiera.