La Defensa del Rescate de Air Europa

La Oficina de Conflicto de Intereses (OCI) del Gobierno se ha reafirmado en su postura de que el rescate de Air Europa, llevado a cabo durante la crisis de la COVID-19, fue completamente legal y no presentó irregularidades. Esta confirmación llegó tras una solicitud del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Sánchez y el Rescate de Air Europa

Según la OCI, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no tenía la obligación de abstenerse de participar en la ayuda económica a Air Europa. En este sentido, se argumentó que su esposa, Begoña Gómez, no tenía vínculos profesionales o personales con la aerolínea, lo que permitió que Sánchez participara en la decisión.

Las Revelaciones del Tribunal Superior de Justicia

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid obligó a la OCI a reabrir el caso después de que el Partido Popular (PP) impugnara su archivo inicial. Recientemente, el tribunal confirmó su fallo anterior, permitiendo que la OCI cerrara nuevamente el expediente tras determinar que no existía ninguna causa que justificara la abstención del presidente.

Detalles de la Investigación y las Denuncias

La resolución de la OCI señala que, tras revisar la documentación, se concluyó que Begoña Gómez no tenía ninguna relación laboral o profesional con Air Europa que pudiera crear conflicto de interés. Por esta razón, se decidió archivar la denuncia presentada por el PP, que argumentaba que distintas decisiones del Gobierno podrían haber beneficiado a Gómez.

Motivos detrás de la Denuncia

Los denunciantes señalaron una serie de medidas adoptadas en los Consejos de Ministros que, supuestamente, favorecerían intereses económicos de Gómez. Se solicitó una investigación exhaustiva sobre los apoyos públicos temporales a empresas del Grupo Air Europa y otros beneficios económicos, alegando que estas decisiones podrían impactar directamente los intereses de la esposa del presidente.

Conclusión y Futuras Implicaciones

Mientras el PP sigue buscando formas de impugnar esta resolución, la OCI se mantiene firme en su conclusión. Este caso podría tener repercusiones adicionales en el ámbito político, especialmente a medida que se aproximan próximas elecciones, lo que incrementa la tensión entre los diferentes partidos y la percepción pública sobre la gestión de crisis en España.