La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) mantiene un asombroso silencio respecto a su papel en las devastadoras riadas que inundaron Valencia el pasado 29 de octubre debido a la dana. Hasta el momento, no ha habido ninguna explicación pública sobre la falta de información denunciada, principalmente por la Generalitat en boca de Carlos Mazón, quien ha insinuado un "apagón informativo" sobre la situación en el barranco del Poyo y la presa de Forata.

El presidente de la CHJ, Miguel Polo, no ha realizado ninguna aparición pública significativa; se limitó a una reunión el pasado 12 de diciembre con representantes de los municipios afectados, donde solo prometió una "actualización urgente" de siete proyectos pendientes. Todas las preguntas sobre los incidentes del 28 de octubre han sido remitidas a un "informe" en curso y se ha descrito el evento como de "magnitudes absolutamente extraordinarias" y de efectos "muy difíciles de prever".

La ex vice-presidenta y actual ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, también se ha limitado a ofrecer una defensa poco detallada respecto a la operación de la CHJ, dejándonos con más dudas que respuestas sobre su actuación en la crisis.

La Comisión de Recuperación del Ayuntamiento de Valencia, que se llevó a cabo esta semana con la participación exclusiva de PP y Vox, se había propuesto interrogar a la jefa de Servicio de la Dirección Técnica, Clara Estrela. Sin embargo, su ausencia, alegando "problemas de agenda", ha suscitado críticas. "Es inaceptable que la Confederación no se presente y explique la monitorización de los caudales y las alertas que debieron hacerse a los municipios", enfatizó Juan Carlos Caballero, concejal del Gobierno municipal.

Clara Estrela, reconocida experta en sistemas de alerta que ha participado en jornadas de autoprotección ante inundaciones, ha defendido estas medidas como vitales para mejorar los tiempos de respuesta. No obstante, la CHJ ha comunicado al Ayuntamiento que la única representación podría ser realizada por Miguel Polo, quien, curiosamente, no fue convocado.

La falta de comparecencia de la CHJ también ha provocado tensiones en comisiones próximas a llevarse a cabo en las Cortes Valencianas y el Congreso de los Diputados, donde la presión aumenta tras la recolección de 65,000 firmas por parte de familiares de las víctimas, exigiendo respuestas. Este cúmulo de situaciones podría resultar muy incómodo para la CHJ, ya que hay denuncias formales en juzgados valencianos contra su gestión y otros organismos involucrados en la emergencia, incluidas acusaciones de homicidio por imprudencia.

Un dato alarmante: el primer aviso de los bomberos se realizó a las 20:04 horas el 29 de octubre, mientras que la alerta roja se emitió mucho antes, haciendo que la gestión de la emergencia sea cuestionada intensamente. Enrique Gisbert, jefe de los bomberos municipales, propuso que es necesario instalar cámaras de seguimiento y sistemas de aviso sonoro en áreas propensas a inundaciones.

El silencio de la CHJ, las ausencias en las comisiones y las solicitudes de justicia por parte de los ciudadanos marcan un capítulo crucial en la búsqueda de responsabilidad y mejoras en la gestión de emergencias en la Comunitat Valenciana. ¿Qué consecuencias traerá esto para los responsables? La presión aumenta y el clamor de los afectados retumba en toda la ciudad.