La incertidumbre sobre el futuro de Muface se intensifica a medida que se acerca el comienzo de 2025. En poco más de diez días (15 de enero), el futuro del modelo de atención sanitaria, vigente durante más de 50 años, se pondrá a prueba cuando se conozca si alguna de las aseguradoras decide presentarse a la nueva licitación. Los 1.5 millones de funcionarios que actualmente dependen de las aseguradoras asociadas a Muface están en un estado de alerta debido a una crisis que se ha prolongado por dos meses y que parece no tener fácil solución. Las protestas y movilizaciones de los afectados se multiplican, mientras los representantes de Muface esperan que la resolución de la segunda licitación se lleve a cabo de manera efectiva, después de que en noviembre pasado todas las aseguradoras optaran por no continuar. Desde ese momento, muchos empleados públicos han denunciado a través del sindicato CSIF la cancelación de citas médicas y la reprogramación de pruebas diagnósticas.

Las pérdidas económicas de Muface

El descontento manifestado por las aseguradoras, quienes alegan pérdidas económicas en el modelo actual, ha dado lugar a un contexto que demanda mejoras. Sin embargo, las nuevas condiciones que ha ofrecido el Gobierno no lograron convencer a Adeslas, la aseguradora que atiende al mayor número de funcionarios (alrededor del 47% del total de los empleados suscritos a Muface). Adeslas ha anunciado su decisión de abandonar Muface, a pesar de las mejoras en las tarifas de las primas, que podrían incrementarse hasta un 33.5%. Según Adeslas, las nuevas condiciones del segundo concierto son insuficientes y les acarrearían pérdidas de hasta 250 millones de euros. Por su parte, DKV y Asisa están en proceso de evaluar los nuevos pliegos, acercándose a la fecha límite del 15 de enero.

Una salida para los funcionarios

Antes de la mitad de enero de 2025, las aseguradoras deben presentar su respuesta al Gobierno. En medio de la incertidumbre, el Ejecutivo ha abierto una opción para los funcionarios: desde el 1 de enero, todos los empleados públicos que así lo deseen podrán cambiarse a la sanidad pública, con un plazo límite hasta el 31 de enero. Si la licitación se resuelve de manera favorable, los funcionarios tendrán la opción de regresar a la sanidad privada cuando comience el nuevo concierto, previsto para arrancar el 1 de abril. Dado que Adeslas ya se ha desvinculado, aquellos que opten por volver tendrán que elegir entre las aseguradoras que finalmente se presenten.

La próxima fecha crítica en el horizonte es el 15 de enero, cuando el Gobierno finalizará el plazo para recibir contestaciones de las aseguradoras respecto a las nuevas condiciones. Si DKV y Asisa, o al menos una de ellas, decide continuar, se abrirá un nuevo proceso que comenzará el 1 de abril de 2025, abarcando los años 2025, 2026 y 2027. En caso de que la licitación resulte desierta por segunda vez, se considerará la posibilidad de un tercer intento.

La salida de Adeslas y la indecisión de DKV y Asisa, unidas a la presión ejercida por los funcionarios, podrían llevar a que el Gobierno de Pedro Sánchez contemple nuevas y más atractivas ofertas para persuadir a más compañías, incluidas aquellas que anteriormente decidieron abandonar el modelo por motivos económicos.

Los funcionarios cuentan con la seguridad de la asistencia sanitaria

Hasta que se inicie la nueva etapa de Muface, programada para abril, se garantiza a los funcionarios la atención médica. Las aseguradoras deben seguir prestando servicios de mutuas hasta el 31 de marzo, conforme a los nuevos pliegos del concierto. Las condiciones actuales se mantendrán, aunque con una actualización de precios que incorpora un aumento del 19.37% previsto para el siguiente ejercicio. Para que esta prórroga sea posible, el Gobierno necesita activar la orden de continuidad a través de la ley de contratos del sector público, una medida que aún no se ha implementado.