La decisión de las aseguradoras privadas de no participar en el contrato de Muface para 2025 y 2026 ha llevado al Ministerio de Función Pública a una encrucijada sin precedentes. Esto obligó al departamento liderado por Óscar López a iniciar un "proceso de reflexión" sobre la elección de los funcionarios entre recibir asistencia sanitaria a través de compañías privadas o del sistema sanitario público, una opción que actualmente pueden tomar al entrar en el servicio o cada mes de enero.

El ministerio está considerando permitir que los empleados públicos actualmente cubiertos por el mutualismo elijan, de manera definitiva, entre el régimen común o el especial, lo que significa que no podrían cambiar de un sistema a otro. Esta medida, según fuentes oficiales, facilitaría la planificación de las fuentes de ingresos y la sostenibilidad del sistema.

Entre las aseguradoras privadas, Adeslas, Asisa y DKV han renunciado al concierto propuesto por el Gobierno, que incluía un incremento de la prima del 17.12%. Este aumento fue considerado insuficiente por las compañías para asegurar una atención de calidad sin arriesgar pérdidas. En semanas anteriores, representantes de la sanidad privada ya habían advertido que incluso un incremento del 25% podría poner en peligro la viabilidad del modelo actual.

Es importante destacar que cada vez más funcionarios optan por la sanidad pública en lugar de seguros privados. Actualmente, el 70% sigue eligiendo seguros privados, pero esta tendencia ha comenzado a decline. Desde 2013, la proporción de trabajadores públicos que optan por la Seguridad Social ha pasado del 18% al 30%, impulsada en gran medida por las nuevas incorporaciones, especialmente docentes en procesos de estabilización y oposiciones.

Se estima que alrededor de 80,000 empleados públicos, con una edad promedio de 49 años, han decidido optar por la atención pública, un cambio significativo que podría acelerarse aún más dado el anuncio por parte del Ejecutivo de una histórica oferta de empleo público que supera las 40,000 plazas. Sin embargo, cabe señalar que no todas estas posiciones ofrecen la opción de Muface, ya que los funcionarios de Justicia y las Fuerzas Armadas tienen sus propios regímenes.

El ministerio también menciona que esta situación es una oportunidad crucial para reflexionar sobre el modelo de mutualismo, con principios de transparencia, equidad y sostenibilidad. Están a la espera de un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, programado para finales de año, que evaluará los gastos relacionados con el mutualismo administrativo, un compromiso asumido por el Consejo de Ministros y en línea con las exigencias de la Comisión Europea.

Mientras se lleva a cabo esta reflexión, el ministerio continúa trabajando en nuevas licitaciones para los próximos dos años. Aseguran que los beneficiarios de Muface tienen garantizada la asistencia sanitaria hasta el 31 de enero, por lo que hay tiempo suficiente para implementar un nuevo contrato. Se prevé que el ministerio también evalúe la posibilidad de prorrogar el contrato actual, aunque esta opción no es considerada ideal por ninguna de las partes. La clave será elaborar un acuerdo que satisfaga al sector privado y sea viable para el Gobierno, abordando desequilibrios como las coberturas y la elevada edad promedio de los mutualistas.