El Ministerio de Vivienda ha intensificado su presión sobre las comunidades autónomas que se niegan a implementar la Ley de Vivienda, advirtiendo que no recibirán financiación estatal para sus políticas si persisten en su resistencia. La ministra Isabel Rodríguez ha afirmado: "Quiero seguir apoyándolas económicamente, pero también espero que ellas asignen mayor presupuesto para esta finalidad. Si no se comprometen a cumplir la ley, condicionaré la financiación a su efectividad en el cumplimiento".

Rodríguez ha subrayado que no puede tratar igual a las regiones que están haciendo esfuerzos verdaderos para ayudar a sus ciudadanos en el ámbito de la vivienda, en comparación con aquellas que se muestran "insumisas" por motivos políticos. "La ley me permite, de manera excepcional, trabajar con comunidades que se comprometen a cumplirla y que dan respuesta a sus ciudadanos", ha enfatizado en una entrevista con TVE.

Hasta la fecha, solo Cataluña ha implementado las disposiciones de la ley que limita los precios en zonas tensionadas, algo que fue aprobado por el Gobierno en mayo de 2023. Otras comunidades como Asturias, País Vasco y Navarra han mostrado disposición a adaptar la norma, pero Castilla-La Mancha y aquellas bajo el control del PP se han opuesto.

El mensaje de Rodríguez se ha dirigido especialmente a la Comunidad de Madrid y su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, quien ha mantenido una posición contraria a la ley. La ministra ha destacado que el tema de la vivienda “no se trata de pelearse con el Gobierno” y le ha recordado que la insumisión a la Ley está afectando a miles de madrileños. "Esta situación es insostenible socialmente, señora Ayuso. Necesitamos soluciones, no confrontaciones".

Rodríguez también recordó que existe una herramienta legal, la Ley de Vivienda, que puede ayudar a enfrentar esta problemática y se comprometió a incrementar los fondos y recursos para la Comunidad de Madrid, que ha recibido 2.000 millones de euros desde 2018 para políticas de vivienda. "Quiero que estos recursos se utilicen de manera efectiva y se orienten al cumplimiento de la ley", añadió.

Es importante recalcar que el Tribunal Constitucional ha confirmado que el Estado tiene la competencia para garantizar la igualdad en el acceso a la vivienda. Rodríguez advirtió que "donde hay tensiones que deben ser superadas, no podemos permitir que decisiones ideológicas impidan cumplir con la ley".

Este nuevo aviso no es aislado; la ministra ha lanzado mensajes anteriores a la presidenta madrileña, apuntando a que su negativa a aplicar la Ley de Vivienda responde a "un dogmatismo ideológico". También hizo un llamado a las comunidades a preservar el suelo protegido para evitar su explotación comercial. "Condicionaré la financiación para que las viviendas públicas permanezcan al servicio del interés general", aseguró.

Reacciones de la coalición

El Ministerio ha alineado esta postura con las demandas de su socio de Gobierno, Sumar, que ha insistido en que todas las ayudas públicas para la vivienda estén condicionadas a la implementación de topes en el alquiler. Íñigo Errejón, portavoz de Sumar, comentó que esta es una manera de avanzar en derechos en España, a pesar de que previamente el PSOE consideró algunas propuestas de Sumar como "extremas e irrealizables".

"Siempre hay un ciclo en el que las propuestas pasan de ser inaceptables a discutibles y finalmente se implementan. Este es el camino a seguir", concluyó Errejón, dejando claro que la lucha por la vivienda asequible sigue siendo una prioridad en la agenda política.