La reciente Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, aprobada en enero con mucho debate y controversia, ya está implementándose en los tribunales españoles. Desde este jueves, antes de iniciar ciertos procesos judiciales, será obligatorio acudir a los MASC (Medios Adecuados de Solución de Controversias) para que cualquier demanda sea considerada admisible. Estos mecanismos, que incluyen mediación, conciliación y la opinión neutra de un experto independiente, buscan alcanzar acuerdos extrajudiciales y así descongestionar los tribunales, agilizando el acceso a la justicia.

¿Pero qué son exactamente los MASC?

La ley define a los MASC como cualquier actividad negociadora reconocida en la legislación, a la que las partes en conflicto deben acudir para intentar llegar a una solución sin necesidad de un juicio. Entre los mediadores verificados se encuentran registradores, notarios y letrados de la Administración, así como organismos como las Cámaras Oficiales de Comercio y entidades regionales que favorezcan la mediación en asuntos civiles y mercantiles.

Además, se establece la necesidad de regular a la “tercera persona neutral”, un paso que se espera con un proyecto de ley que clarificará su papel en estos procesos.

¿Cuándo son obligatorios los MASC?

Desde este jueves, los MASC son obligatorios en conflictos civiles y mercantiles, incluso los de carácter transfronterizo. Sin embargo, hay excepciones como casos de violencia de género o aquellos que afectan directamente al interés del menor. El proceso de mediación se considerará finalizado luego de al menos una sesión inicial con el mediador, a la que deben asistir todas las partes en conflicto.

Verónica Ponte, magistrada en Bilbao, ha expresado su preocupación de que este requisito adicional pueda incrementar los gastos judiciales, lo que podría disuadir a muchas personas de presentar demandas, optando por enfrentar el conflicto en lugar de buscar una solución primeramente.

¿Y los costos asociados?

Los costos del proceso de mediación dependerán de los honorarios de la entidad mediadora, pero la ley incluye cambios a la ley de asistencia jurídica gratuita, un aspecto vital que podría beneficiar a ciudadanos con menos recursos. Ponte cree que es esencial informar a la sociedad sobre estos derechos, para que nadie se quede sin defensa debido a la falta de conocimiento.

Además, se menciona que la mediación también podría ayudar a reducir las multas y costos judiciales, premiando la voluntad de negociación y evitando gastos innecesarios en juicios.

¿Y qué plazos debemos tener en cuenta?

Para asegurar la máxima eficiencia, la ley exige que las conciliaciones se realicen entre diez días desde la admisión de la demanda y al menos 30 días antes del inicio del juicio. También se amplía el tiempo permitido para solicitar diligencias necesarias para la preparación de pruebas, dando tiempo a los juzgados para manejar los casos adecuadamente.

¿Este cambio afectará los juicios pendientes?

La ley establece que estas nuevas regulaciones solo se aplican a los procedimientos abiertos después de su entrada en vigor. Sin embargo, las partes en juicios existentes pueden optar por someterse a MASC, si están de acuerdo. Esto significa una oportunidad valiosa para quien ya está en medio de un proceso judicial.

Hacia una nueva cultura de diálogo

La intención de esta ley es clara: promover una justicia más eficiente. Ponte considera que, aunque a corto plazo podrá reducir la sobrecarga en los juzgados, es necesario un cambio de mentalidad en la sociedad que favorezca el acuerdo en lugar del litigio. Muchas personas están acostumbradas a usar la palabra 'demanda' sin considerar el poder del diálogo.

No obstante, Ponte ve este nuevo inicio como un aliciente para fomentar la cultura del acuerdo y la negociación. Los ciudadanos tienen la responsabilidad de buscar soluciones alternativas antes que recurrir a un proceso judicial, subrayando que “los juzgados deben ser considerados un servicio público” y que, sin una transformación cultural que eduque sobre su uso, estos cambios serán insuficientes. ¡El futuro de la justicia en España está en nuestras manos!