El Congreso de los Diputados ha dado un paso significativo al aceptar, tras tres meses de debate, la tramitación de una ley que busca regular los contratos de alquiler de temporada y por habitaciones. Este cambio llega después de que Junts, que inicialmente se había opuesto, cambiara su postura ante las modificaciones recientes en la normativa. La proposición de ley ha sido impulsada por movimientos sociales, principalmente por el Sindicato de Inquilinas, y respaldada por grupos parlamentarios como ERC, Bildu, Podemos, BNG y Sumar.

La nueva legislación, según la diputada de Sumar, Gala Pin, ha sido elaborada en colaboración con las asambleas del Sindicato de Inquilinas y contiene dos cambios principales: los contratos temporales deberán estar justificados por los arrendadores y no podrán superar los nueve meses de duración, un incremento respecto a los seis meses que se establecían anteriormente. Este ajuste, introducido por ERC, busca adaptar los contratos al calendario escolar y facilitar la movilidad del profesorado y estudiantes. Otra novedad permite a los inquilinos resolver el contrato después de seis meses, con la obligación de avisar con 30 días de antelación y la posibilidad de acordar una compensación para el propietario.

Aunque algunos miembros de Junts han expresado su apoyo a la propuesta, también han señalado la necesidad de negociar y proteger las competencias autonómicas. Esto es relevante en comunidades que han desarrollado su propia legislación conforme al artículo 148.1.3 de la Constitución española. La diputada Marta Madrenas, de Junts, ha enfatizado que no deben asumir que su voto será un apoyo incondicional a la norma.

En trabajos legislativos previos, los alquileres de temporada fueron excluidos de la Ley Estatal de Vivienda, que fue aprobada en 2023. Esta ley, que establece una duración mínima de cinco a siete años según el tamaño del arrendador, ha dejado una puerta abierta para abusos a través de contratos temporales no regulados. La portavoz de ERC, Pilar Vallugera, ha criticado esta situación, aludiendo que resulta difícil encontrar una vivienda digna en un hemiciclo donde prevalecen los intereses económicos por encima de las necesidades sociales.

Ione Belarra, portavoz de Podemos, ha subrayado la gravedad de la crisis habitacional en España, expresando su preocupación por los efectos devastadores de los desahucios. Según Belarra, la nueva propuesta de ley busca cerrar un vacío que ha permitido el abuso en el mercado de alquileres, aunque subraya que es necesario hacer mucho más para abordar la crisis de la vivienda.

Las críticas hacia la ley estatal no cesan, y el portavoz del BNG, Néstor Rego, ha afirmado que esta nueva legislación permitirá prevenir fraudes y abusos, reafirmando que cada vez es más necesario regular el sector inmobiliario. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha asegurado la creación de un registro único a partir del 2 de enero, donde los propietarios deberán justificar la temporalidad de sus contratos, contribuyendo así a un control más efectivo del mercado de alquileres.

Con el cambio de postura de Junts, el camino hacia la aprobación de la ley se ha despejado, aunque el PNV y otros grupos han expresado su deseo de introducir modificaciones. La diputada del PNV, Maribel Vaquero, ha señalado que el acceso a una vivienda digna es cada vez más complicado y que la inseguridad en el mercado inmobiliario ha llevado a muchos propietarios a retirar sus viviendas del mercado.