En medio de una nueva controversia, el partido Vox, liderado por Santiago Abascal, ha solicitado oficialmente que el presidente de RTVE comparezca ante el Congreso para dar explicaciones sobre la reciente actuación de la presentadora Lalachus durante la transmisión de las campanadas de Nochevieja.

Durante este evento, Lalachus utilizó una imagen alterada del Sagrado Corazón de Jesús, sustituyendo el rostro de Jesucristo por el de una vaquilla del popular programa Grand Prix. Este gesto ha provocado la indignación de Vox, que califica la situación como "una gravísima ofensa a las convicciones y sentimientos religiosos de millones de cristianos en España".

El partido radical ha dirigido varias preguntas al presidente de RTVE, José Pablo López, exigiendo que aclare si respalda la decisión de Lalachus de "animalizar la imagen de una figura central del cristianismo" en una transmisión de tan alto perfil. También han planteado si se emitirá una rectificación o disculpa pública por parte de la cadena.

Vox no se detiene ahí; han solicitado además información sobre si RTVE extenderá esta ofensa a otras confesiones religiosas, sus figuras y seguidores, generando un debate sobre la libertad de expresión y el respeto a las creencias en la televisión pública.

Otra de las demandas del partido es que se revelen los costos de la transmisión de las campanadas de Nochevieja, así como los salarios que percibieron los presentadores, David Broncano y Lalachus. Cabe recordar que el programa de Broncano ha traído consigo una considerable inversión, con su productora recibiendo 28 millones de euros por dos temporadas.

La controversia ha escalado aún más tras las declaraciones del ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, quien ha brindado su apoyo a Lalachus y ha sugerido una reforma del delito de ofensa a los sentimientos religiosos. Vox ha cuestionado si dicha reforma implica una aceptación de que la actuación de Lalachus pudo constituir un delito bajo la legislación actual.

Finalmente, el partido plantea la inquietante posibilidad de que el plan del Gobierno contemple la "impunidad absoluta" para acciones que pudieran ofender la religión cristiana. Este conflicto ha abierto un amplio debate sobre la libertad de expresión y el respeto a las creencias en la sociedad contemporánea.